Como todos los años, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) publicó la tasa de error de los pagos del programa SNAP, la cual alcanzó los US$10.1 mil millones en 2025. Esta exorbitante cifra llevó a las autoridades a tomar medidas drásticas en busca de reducir estos errores, los cuales atentan contra el equilibrio fiscal que la administración de Donald Trump tiene como prioridad en su agenda política.
¿Qué es el programa SNAP?
El Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP) es un proyecto financiado por el Gobierno, que cumple con la función de ayudar a quienes no cuentan con ingresos suficientes a adquirir alimentos. Cada mes, los beneficiarios de esta iniciativa reciben la ayuda económica en una tarjeta denominada EBT, la cual opera como tarjeta de débito, aunque el monto solo puede destinarse a la compra de alimentos en comercios adheridos al programa.
El saldo de la tarjeta varía dependiendo de los ingresos y la cantidad de integrantes de la familia, datos a los que el Gobierno puede acceder al momento de la inscripción. Para muchas familias residentes de EE. UU., sobre todo para las latinas, este apoyo financiero permite enfrentar el complicado contexto económico del país, donde los alimentos y el costo de vida suben de manera constante.
Si bien el programa SNAP constituye una ayuda importante para un sector determinado de la sociedad, también representa un problema para las autoridades. En estos últimos años, se registraron numerosas irregularidades, como el mal uso del saldo de la tarjeta y pagos erróneos a familias que no cumplían con los requisitos para acceder al beneficio. Frente a ello, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció medidas concretas.
Anuncio del USDA
Este jueves, salió a la luz la tasa de error del SNAP, una medida de los pagos excesivos y deficientes del beneficio realizados de manera errónea. Según expuso la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, la tasa para el FY2025 es del 10.62%, lo que significa que el Gobierno otorgó US$10.1 mil millones en beneficios a hogares que no correspondían. Se trata de una pérdida importante para las arcas del Estado.
Para solucionar esta problemática, la funcionaria adelantó que el USDA lleva adelante una exhaustiva lucha, en la que el objetivo principal es erradicar el desperdicio financiero de este programa. «Estos índices de error de pago son una prueba más de la grave falta de rendición de cuentas por parte de los estados», aseveró Rollins, quien confirmó la implementación de «medidas históricas» contra el despilfarro.
Una de las estrategias que utilizará el Gobierno es poner en marcha consecuencias financieras reales para los estados que administren mal los fondos de los contribuyentes. «Los estados con tasas de error iguales o superiores al 6% serán los responsables de cubrir el 5%, el 6%, el 10% o el 15% de las prestaciones de sus estados», aseveraron desde el Departamento de Agricultura.
En esa línea, explicaron que, cuanto mayor sea su PER, mayor será el porcentaje. La medida se aplicará desde el 1 de octubre de 2027 y el PER del año fiscal 2025 es el primer año que podría utilizarse para calcular dichos porcentajes. A esta estrategia se le sumará la obligación para que los estados infractores presenten un plan de acción correctiva ante el USDA, con detalles de medidas concretas para solucionar esta problemática.
Otras medidas del Gobierno
Con el objetivo de disminuir la deficiencia económica, el Gobierno también endureció los requisitos para acceder al programa. Ya son más de 3.5 millones las personas que perdieron el beneficio por los cambios aplicados, entre los cuales se encuentra el aumento de horas trabajadas. Esto afecta a personas entre 55 y 64 años, quienes tienen problemas para ingresar al mercado laboral.
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