El WRI señala la colaboración gubernamental como clave para la transición energética en la COP31

En el presente, la reconversión a las energías renovables a nivel mundial sigue siendo una realidad totalmente posible. Sin embargo, la celeridad y las dimensiones de los cambios continúan siendo el principal desafío para los países del mundo. Así, en la cumbre COP31, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) dio a conocer una nueva nota de conocimiento de expertos donde se interroga cómo la planificación y la financiación ayudan a convertir los compromisos climáticos en acciones prácticas sobre el terreno. El documento hace una defensa enfática de que las transiciones ambientales se pueden hacer más rápidamente, pero siempre que se vean acompañadas de la creación de asociaciones multinivel deliberadas y estructuradas.

La fuerza de las grandes ciudades y el marco normativo

El factor urbano constituye el espacio geográfico e industrial en el cual se ganará o se perderá la lucha frente al cambio climático. Con los datos que aporta el documento del WRI, podemos afirmar que las ciudades del mundo son responsables de alrededor del 75 % de la energía total que se consume y que producen el 70 % de los gases de efecto invernadero. Bajo estos patrones de densidad poblacional y de industria, las ciudades constituyen el lugar principal, el lugar natural para poner en marcha la electrificación de los edificios, la descarbonización del sector del transporte y la modernización de la recogida de residuos sólidos.

No obstante la responsabilidad que deriva de los marcos legales locales que se relacionan con los desarrollos de experiencia, el éxito de las grandes ciudades depende de un marco normativo que casi siempre se decide a nivel nacional. La nota de peritos habla de la «autoridad legal» como uno de los cuatro campos de acción clave y reconoce que los gobiernos subnacionales tienden a querer actuar con mucha mayor rapidez de la que los marcos normativos nacionales de la actualidad les permiten.

Desconexión financiera y planificación sistémica

Una de las principales fallas de la gobernanza a nivel global se sitúa en el hecho de que las aspiraciones nacionales no se apoyan una vez desarrollados los presupuestos locales. El estudio del WRI hace notar que, en demasiadas regiones, los objetivos nacionales de reducción de emisiones se enuncian de forma unilateral sin contar con los recursos suficientes para llevar a cabo la ejecución de estos objetivos a escala municipal.

Los expertos afirman que, para que la inversión en energía limpia y gestión de residuos sea factible, el financiamiento económico y los objetivos de reducción deben obligatoriamente planificarse de manera conjunta desde los inicios del diseño de las políticas públicas. Más allá del financiamiento, la transición ecológica es el resultado de una planificación coordinada y de un sistema que entienda a través de ciertas redes las distintas actividades de sectores especializados. El informe expone que no podemos planificar la infraestructura de electricidad de una región sin tener en cuenta la tasa de adopción de vehículos eléctricos, al igual que no se puede planificar la reducción de residuos sin poner en consonancia los sistemas de recolección local y la capacidad de tratamiento regional.

La obligación de apoyo técnico y el mandato de actuación

Hasta en aquellos escenarios óptimos donde se da certificada y plenamente la existencia de marcos legales y financiación económica, la falta de preparación técnica aparece como una barrera cortante para los municipios. Una cuarta prioridad de actuación hallada por el WRI es el «apoyo de capacidades», porque llevar a cabo esas complejas transiciones en el campo local requiere conocimientos especializados que muchos gobiernos subnacionales no tienen. Es decir, hace falta asistencia técnica específica para ir traduciendo los requisitos nacionales en prácticas locales y agrupar regionalmente a expertos para ayudar a ayuntamientos de menor tamaño y facilitar formas de aprendizaje estructurado entre ciudades.