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Las comunidades de la zona de Intag, amenazada desde hace 30 años por proyectos mineros acaban de ganar una histórica batalla judicial. El … Leer Más
En Ecuador todos los días se violan los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza; todos los días las compañías mineras siguen devastando … Leer Más
El 7 de febrero del 2021 el cantón Cuenca no solo tenía que decidir por un gobierno que cada cuatro años cambia de … Leer Más
Los calamares están siendo extraídos del mar de Ecuador ilegalmente, lo que amenaza con desequilibrar todo el ecosistema marino, dijeron los expertos. El … Leer Más
Fragments of extinction es un proyecto de arte acústico que explora la complejidad eco-acústica de los pocos bosques ecuatoriales que aún se mantienen intactos. El equipo de esta organización sin ánimo de lucro viaja por diversos ecosistemas del mundo captando sus características más intangibles: los sonidos. Sonidos únicos y desconocidos que pretenden ser grabados antes de que se pierdan para siempre por estar amenazados. Ellos mismos lo resumen así:
Para muchos, la principal motivación del gobierno del Ecuador para firmar un acuerdo comercial tipo TLC con la U.E. es conseguir que baje el arancel del banano a su ingreso en el mercado europeo. En la sabatina del sábado 12 de Julio, se reconoce que existe presión en este sentido.
Los pobladores de la Amazonía aún recuerdan que Texaco abrió unas fosas y las llenó con petroleó. Eran excavaciones sin ningún tipo de recubrimiento o material que impidiera que filtrara el crudo. Esta práctica no era aprobada ni realizada en ninguna parte del mundo pero ellos lo hicieron en la Amazonía y no por desconocimiento sino para ahorrarse dinero, porque pensaron que allí nadie protestaría.
Es las siete de la mañana, sin embargo en Quito aún parece que estuviera amaneciendo. Un grupo de expedicionarios ultima los detalles para lo que será un largo día de viaje, el propósito: Explorar las entrañas de la agroindustria en el Ecuador. Mirar de primera mano si es que esta millonaria cadena de producción produce efectos socio ambientales.
Algunos han dicho con mucha razón que en época de Marx no había la brutal minería a cielo abierto que hay hoy en día en Perú, en Colombia, Argentina o Chile y que Correa quiere introducir en Ecuador. Ni tampoco había la brutal extracción de petróleo en la Amazonía que hay ahora. Ecuador no exportaba en vida de Marx 15 millones de toneladas de petróleo al año como hace ahora (¿en qué barcos las hubiera puesto?) ni Colombia podía exportar, como ahora, 90 millones de toneladas de carbón al año. Nunca hubo tanta depredación como ahora, nunca las metrópolis han dependido tanto del comercio de materias primas mal pagadas que vienen del Sur.
En el marco del debate actual, los economistas, nuevamente, han dado en el clavo: ¡Hay que diversificar la matriz productiva! Sin embargo, como el escenario hiede a circo y lo que digas o dejes de decir son votos, empiezan los disparos a ojo cerrado. Así pues, el Sr. Presidente, con todo el ánimo del caso y la mejor intensión, se ha referido a los biocombustibles como una vía más para la diversificación de la matriz productiva, y rápidamente la respuesta ha sido dada por el ex-Presidente de la Asamblea Constituyente: “…biocombustibles ¡No! Solo si son de segunda generación…con residuos”.
En el caso de la revolución ciudadana, las presiones de financiación de las políticas económicas desarrollistas y de las políticas sociales redistributivas lo llevan a privilegiar una vía económica donde prima la expectativa de una rápida captura de fondos líquidos. Proponerse cambiar el modelo extractivista acentuando la dependencia frente a los recursos provenientes de la extracción es una paradoja que no se soluciona por la buena fe de líderes esclarecidos. La minería no sólo va a contravía de cualquier cambio revolucionario en el modelo económico dominante sino que sólo podrá imponerse a sangre y fuego.
La firma del Protocolo de Nagoya por parte de Ecuador, su eventual ratificación y la promulgación del reglamento de acceso a los recursos genéticos son una violación a la Constitución, porque se establecen las bases jurídicas para poner en venta y reconocer monopolios sobre la biodiversidad y los conocimientos de los pueblos que han protegido, usado y creado esa biodiversidad. La mercantilización, el control monopólico y la aplicación de derechos de propiedad intelectual, sobre la biodiversidad y los conocimientos tradicionales vía contratos u otros mecanismos jurídicos que limiten el libre flujo de la biodiversidad y los conocimientos, están expresamente prohibidos por nuestra Constitución.
Al introducir el concepto de patrimonio, que va mucho más allá de la definición de un bien, el agua no puede ser asumida como un servicio ambiental a ser mercantilizado. El patrimonio es algo que debe garantizarse para las futuras generaciones. Se puede usufructuar del bien, usar el bien, pagar por el uso del bien; pero cuando se trata de un patrimonio, para usarlo se tiene que garantizar la posibilidad de legarlo a las próximas generaciones. Hablar de patrimonio en este caso es garantizar los ciclos vitales del agua y sus diversos usos o valores: ambientales, sociales, culturales, económicos…
En la gestión ambiental ahora se hace necesario considerar algo que suena complicado: la internalización de las externalidades. ¿Qué quiere decir esto? Significa, sencillamente, incorporar las potenciales afectaciones que no se ven a los costos de cualquier megaconstrucción. Entonces, una de las principales externalidades es el desplazamiento de la población. Los proyectos hidroeléctricos y los represamientos normalmente implican la anegación de zonas que generalmente albergan a comunidades que desarrollan actividades productivas específicas según el entorno: agricultura y turismo, especialmente.
El hecho de dar un valor a un elemento o a una función de nuestro medio ambiente es profundamente antropocéntrico. Mantenemos que a una escala local la estimación monetaria de los activos naturales es inútil teniendo en cuenta precisamente sus valores inestimables. En el caso de la estimación del valor del medio ambiente, como dice el profesor Martínez-Alier uno se puede preguntar: “quien tiene el poder de simplificar la complejidad de los ecosistemas imponiendo una única lengua de evaluación? La misma idea de querer evaluar las funciones medioambientales presenta un riesgo de privatización de estas funciones, ya que si una empresa puede pagar por su explotación, lo hará y contaminará más.