La semana pasada la Asamblea Nacional de Panamá se sumó a la iniciativa mundial contra el maltrato animal. El proyecto corresponde a la Ley 457, modifica el anterior artículo que sólo estipulaba multas y trabajo comunitario por penas de entre 18 y 24 meses de cárcel para los culpables del delito.
Los banqueros están preocupados por la ofensiva norteamericana que mantiene a ese sector en la lista gris del mundo financiero. Más que un problema económico, es un mecanismo de presión política de Washington contra los centros de lavados que compiten con sus propias redes en varios estados. Al mismo tiempo, sin embargo, en el radar del gobierno panameño no aparece lo que el Senado de EEUU estaba a punto de aprobar[1] en materia de intercambio comercial que mueve todo el piso del tratado de promoción comercial firmado hace pocos años. Se trata de la Autoridad de Promoción Comercial (Trade Promotion Authority – TPC) que contiene líneas de acción que van mucho más allá de los intereses comerciales.
Mientras las naciones desarrolladas continúen empeñadas en imponer sus controversiales soluciones, que bajo un disfraz ambiental están orientadas a fines meramente mercantilistas; y que insistan además, en una supuesta corresponsabilidad de las naciones en desarrollo del desastre climático, la Convención de Durban no nos depara nada distinto, de lo acontecido en Copenhague o Cancún.
Percibimos la destrucción de los bosques y la contaminación de la madre tierra, debido a la insaciable ambición por los minerales. Todo esto es resultado de la ausencia de políticas inadecuadas para proteger el ambiente, y como consecuencia se atropella la dignidad humana y no se respeta la soberanía de nuestros pueblos. A este respecto en la última reunión que realizó el Secretariado de los Obispos de América Central afirmaron que “Se sigue impulsando un modelo de desarrollo en el que se privilegia el lucro y el afán desmedido de ganancias sacrificando los recursos naturales”.
El caso de Panamá es un ejemplo de cómo, bajo el argumento de generar energía limpia, sustituyen la construcción de grandes represas por opciones que igualmente impactan en términos sociales, económicos, culturales y medioambientales. Al final, las empresas son las que terminan ganando. Mientras que la naturaleza y la población se quedan sin agua las empresas reciben grandes beneficios fiscales y créditos blandos.
Para la pequeña comunidad de indígenas naso en Panamá, el telón de 2009 se abrió a una desconsoladora escena de conflicto en torno a la prolongada demanda del pueblo nativo de que se respeten su territorio y sus recursos naturales. Al ver que la maquinaria pesada demolía sus casas y desgarraba su tierra, los habitantes de San San Druy en la provincia de Bocas del Toro al norte del país blandieron machetes, arcos y flechas, lanzas y cocteles molotov para repeler a los intrusos.
Toda minería a cielo abierto utiliza una técnica que conlleva a la destrucción y agotamiento de los ecosistemas del planeta. La eliminación de la capa boscosa, la destrucción de los suelos, la contaminación de las aguas superficiales y freáticas, la división en las comunidades, el soborno a funcionarios, la amenaza, el chantaje y la violación de leyes y derechos forman parte de las acciones rutinarias con las que se desenvuelve la minería a cielo abierto en muchas partes del mundo.
En Panamá en los últimos meses ha escalado a nivel de los movimientos sociales la movilización de campesinos e indígenas amenazados con proyectos energéticos, mineros, y de turismo de mercado unidos a iniciativas territoriales. Urge ademas la necesidad de regular el crecimiento descontrolado en la metrópolis donde a diario sufren desde la salud del transeúnte hasta la seguridad de los animales , en donde no existe un ordenamiento que vele bajo un solo régimen de operación el suministro de agua y sus deficiencias, el problema el tratamiento de la basura y un proceso ordenado de reciclaje, el tráfico masivo de autos y el mal estado de las vías.
Ante la realidad global expresada a través de los conflictos energéticos, resultado este por la escasez y el mercado de corte liberal, en las últimas décadas se ha afianzado los ejes hegemónicos del capital internacional. Latinoamérica y Panamá no escapan de ese escenario, en donde ha prevalecido la ley de la fuerza económica.
El Plan estratégico presentado por el Gobierno de Panamá, que pretende lograr objetivos muy específicos para el 2009 quedará obsoleto desde su origen por que carece de los principios de la conservación y repoblación como herramientas de progreso y necesarias para el adecuado manejo de los recursos nacionales.