La nueva ley firmada, este lunes, por el Presidente ruso busca repoblar el Distrito Federal del Lejano Oriente y apostar a nuevos emprendimientos económicos pequeños donde no tendrán que pagar impuestos por un período de cinco años.
Hablar de propiedad intelectual y de pueblos indígenas es hablar de mundos enfrentados, es pensar en un conflicto que se impone desde las altas esferas de poder y que supone un ataque contra la vida y la cultura de unos pueblos que parecen no contar. La manera en que el llamado mundo desarrollado está teniendo de acometer esta cuestión, lejos de responder a criterios basados en el respeto y la solidaridad, está favoreciendo el poder del capital monopolístico internacional, socavando el derecho de los pueblos indígenas a vivir según sus propias costumbres y facilitando la usurpación de sus conocimientos colectivos por parte de unos poderes económicos exógenos que operan con total impunidad.
La cuestión agraria ha estado en el centro del histórico conflicto político armado colombiano, atravesado por la disputa por la tierra. Hay una alta concentración de la propiedad de la tierra, siendo esta una de las principales características de la estructura rural. Un proceso de contrarreforma agraria se esta viviendo actualmente en el país, con ingredientes como: el uso de la fuerza de las armas o de dineros derivados de actividades ilícitas para intimidar al movimiento campesino eindígena que lucha por la tierra y para provocar el desplazamiento en zonas de interés para las élites agrarias.
La cuestión de admitir o no patentes sobre plantas y animales, y en general sobre propiedad intelectual requiere analizarse sobre la base de las condiciones objetivas de la realidad colombiana y su posición en el contexto mundial. Los efectos positivos o negativos tendrán impacto para las generaciones futuras.