La polémica por la derogación de la Ley de Áreas Sin Carreteras sigue vigente. En este marco, California confirmó la creación de una coalición en contra de la iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump y su plan de movilidad federal, que contempla la expansión de la infraestructura vial a lo largo de todo el país. El objetivo principal es que el Servicio Forestal de los EE. UU. retire la propuesta y se aleje de las zonas protegidas.
Controversia por los planes del Gobierno
Las autoridades californianas no son las únicas que se oponen a la iniciativa legislativa del Gobierno para ampliar el circuito de carreteras. Recientemente, organismos como la Federación Nacional de Vida Silvestre (NWF, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones ambientales hicieron eco de los riesgos que conllevan estos planes para las áreas naturales y sus ecosistemas.
Actualmente, existen más de 4,2 millones de millas de carreteras públicas en Estados Unidos, las cuales atraviesan un total de 48 estados. Esto deja un total del 5 % de áreas naturales sin ser atravesadas por infraestructura vial, una cifra demasiado baja. Es por eso que las autoridades vinculadas a la protección del medio ambiente se oponen a los planes gubernamentales, ya que afectarían las zonas silvestres, consideradas como santuarios naturales.
En estos espacios, residen especies que no se ven en ningún otro espacio del país, como osos, águilas, salmones y muchas otras que incluso están en peligro de extinción. «Durante más de dos décadas, la Ley de Áreas Sin Carreteras ha protegido millones de acres de hábitat y agua en áreas remotas. Pero hoy, esas protecciones están en riesgo», advirtió la NWF en un comunicado publicado en redes.
Coalición contra la postura del Gobierno
A través de su cuenta oficial de X, la Agencia de Recursos Naturales de California alzó su bandera a favor de la protección de las zonas silvestres protegidas por esta normativa y exigió a las autoridades federales una revisión de su postura. Según explicó, el Estado Dorado está del lado de los bosques y conformó una coalición integrada por el fiscal general Rob Bonta y 17 fiscales generales que se oponen a la derogación de esta ley.
El organismo gubernamental resaltó que las protecciones que brinda esta normativa han ayudado a salvaguardar el agua limpia, el hábitat de la vida silvestre, la recreación y millones de acres de tierras públicas durante 25 años. «Derogar estas protecciones pondría en riesgo estos recursos cuando más los necesitamos», aseveró Wade Crowfoot, secretario de la Agencia de Recursos Naturales.
Las autoridades californianas hacen énfasis en los riesgos que conllevaría derogar esta normativa, lo cual habilitará casi 45 millones de acres de tierras forestales nacionales no solo para la construcción de carreteras, sino también para actividades como la minería, la tala de madera y el desarrollo de combustibles fósiles.
Mediante una carta enviada al Servicio Forestal de los Estados Unidos, la coalición destaca que la implementación de esta derogación fragmentaría los ecosistemas vulnerables, pondría en peligro las fuentes de agua limpia, amenazaría el hábitat de las plantas y la vida silvestre, y socavaría los esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático.
Tajante postura contra la administración de Donald Trump
El fiscal Rob Bonta dejó clara la postura de California respecto a esta normativa. «Nuestro estado alberga algunos de los ecosistemas más prístinos y diversos del país. No nos quedaremos de brazos cruzados permitiendo que el gobierno federal someta nuestros bosques nacionales a la explotación comercial», destacó la autoridad.
En esa línea destaca que la construcción de carreteras y la tala indiscriminada de árboles aumentan los riesgos de incendios, degradan los ecosistemas y contaminan los recursos hídricos. Es por eso que exigen al Gobierno federal descartar esta iniciativa, a la que consideran una amenaza contra millones de acres de tierras públicas.
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