La electrificación del sector de transporte es una estrategia clave dentro de la agenda ambiental. Por este motivo, organizaciones ambientales celebran iniciativas gubernamentales como el Programa de Autobuses Escolares Limpios (CSBP, por sus siglas en inglés), cuyo financiamiento finaliza este 2026. Ante ello, este sector solicita una extensión de esta política, que tuvo un gran impacto a lo largo de todo el país.
Un programa clave
El Programa de Autobuses Escolares Limpios forma parte de la Ley Bipartidista de Infraestructura y cuenta con un presupuesto de US$5 mil millones para impulsar el transporte sustentable en el país. Dicha iniciativa fue aprobada bajo la administración de Joe Biden en 2021 y tenía una vigencia de 5 años, por lo que el 2026 sería el último período que recibiría dinero por parte del Gobierno federal.
La aprobación de esta normativa bipartidista pudo concretarse tras años de incansable lucha por parte de sectores políticos y organizaciones ambientales de todo el país. Como parte de esta legislación, se aprobó este programa de transporte sostenible, cuyo objetivo era reemplazar los autobuses escolares que funcionan con diésel, garantizando así un aire más limpio en la ciudad y viajes más económicos. Dicha iniciativa alcanzó a más de 1200 distritos escolares y beneficia a 21 millones de estudiantes.
Hasta julio del 2025, el programa había financiado hasta 8500 vehículos que, hasta el día de hoy, continúan en circulación. Los fondos fueron entregados mediante tres rondas de financiación, que otorgaron hasta US$3000 millones. Según los datos brindados por la web Electric School Bus Initiative, los autobuses eléctricos representaron el 89 % de las solicitudes, mientras que los impulsados a propano ocuparon el 10 % de los pedidos. El gas natural comprimido fue el menos solicitado, con un 1 %.
El pedido de las organizaciones ambientales
Ante la proximidad del fin de su vigencia, distintas organizaciones ambientales solicitaron a la administración de Donald Trump extender el programa. Una de ellas fue Southern Alliance for Clean Energy, que expuso los logros conseguidos por esta legislación a través de sus redes sociales. Asimismo, llamó a reautorizar esta iniciativa por 5 años más, lo que representaría más progresos para el sistema de transporte nacional, al tiempo que mejora la calidad de aire para todos los estadounidenses.
«En nuestra opinión, la mejor manera de celebrar el 5. º aniversario de la Ley Bipartidista de Infraestructura sería autorizar su popular Programa de Autobuses Escolares Limpios por otros 5 años más», escribieron. Según explicaron, mantener esta legislación representaría para EE. UU. una reducción de la contaminación, menos costos y una mejor calidad de aire. Así también impulsaría el bienestar ciudadano y ayudaría a la red eléctrica.
Respecto al impacto de la normativa, Southern Alliance for Clean Energy remarcó que, en tan solo 5 años, el CSBP ha ayudado a más de 1100 distritos en 49 estados a acceder a los autobuses escolares limpios. Estos beneficios podrían multiplicarse si el Congreso aprueba una nueva legislación para extender el programa, por lo que incentivan a la Cámara de Representantes a avanzar con esta extensión.
Se trata de un pedido que va en consonancia con anteriores declaraciones de otras organizaciones ambientales, como el Fondo de Defensa Ambiental (EDF), Sierra Club, Earthjustice o el Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC). Estas instituciones presentan comunicados, promueven trabajo de concientización sobre la importancia del transporte sostenible o, en otros casos, como el de NRDC, que participa en la presentación de comentarios técnicos y legales.
Avances del transporte sostenible en EE. UU.
En los últimos años, distintos estados de EE. UU. avanzaron a paso firme con la transición hacia medios de transporte más sostenibles. Un ejemplo de ello es Nueva York, que invirtió millones de dólares para reemplazar vehículos escolares a diésel por eléctricos. Su objetivo es llegar al 2035 con una flota estatal 100 % sostenible.
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