El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) remarcó la urgencia de impulsar la inversión privada en proyectos que ayuden a las comunidades a adaptarse al cambio climático. Ante la aceleración del fenómeno y la falta de fondos públicos, el organismo llamó a superar las barreras estructurales que limitan la acción del sector privado e instó a los empresarios a adoptar modelos de negocio que promuevan la resiliencia ambiental.
Un llamado a tomar medidas concretas para paliar los efectos del cambio climático
El agravamiento del desequilibrio ecológico como consecuencia del aumento de la temperatura global pone en riesgo la diversidad de paisajes y especies, que se enfrentan a condiciones ambientales que representan una amenaza para su supervivencia. Lejos de limitarse al impacto en la flora y la fauna, el fenómeno también afecta a la humanidad, con efectos directos en la vida urbana y rural.
Condiciones meteorológicas extremas, como las inundaciones y las sequías, encendieron las alarmas de líderes políticos y actores financieros acerca del futuro de una economía asentada en la producción agropecuaria y en los ciclos de la naturaleza, que hoy se ve sujeta a drásticas modificaciones que ponen en peligro la seguridad alimentaria de las comunidades.
«La creciente inseguridad hídrica y alimentaria afecta a un número cada vez mayor de personas», puntualizaron desde el PNUD. En este escenario, la entidad subrayó la insuficiencia de los fondos públicos para implementar estrategias integrales que ayuden a responder con eficacia a las nuevas demandas y aseguren una cadena productiva que contribuya a reducir los daños ambientales.
Según sus estadísticas, Naciones Unidas estima que la inversión pública en la adaptación disminuyó entre 2022 y 2023, pasando de US$28 mil millones a US$26 mil millones. Paralelamente, el capital aportado por los privados se mantuvo en alrededor de US$5 mil millones anuales.
Se trata de cifras que no alcanzan para cubrir la demanda creciente, teniendo en cuenta que, para 2035, los países en desarrollo necesitarán entre US$310 mil millones y US$365 mil millones para asegurar su capacidad de acción. Por este motivo, el organismo apela al «vasto potencial sin explotar» del sistema privado para «paliar el enorme déficit financiero».
El modelo ideal se basa en la articulación público-privada
El PNUD subrayó la responsabilidad de los gobiernos de garantizar un marco regulatorio que aliente el flujo de dinero orientado a objetivos ambientales. A partir de su análisis, detectó la existencia de barreras estructurales que condicionan a las empresas, como el impedimento de percibir un retorno tras invertir en bienes públicos y la dificultad de monetizar los daños evitados o calcular los beneficios económicos de la resiliencia a largo plazo.
En esta línea, señaló que las autoridades públicas deberán trabajar en modelos que aseguren que los riesgos financieros sean compartidos entre las corporaciones y los Estados, y en crear «condiciones propicias para hacer viable la inversión», como las normas de recuperación de costos, incentivos fiscales, subsidios y acuerdos de gobernanza de tierras y agua.
Algunas áreas con mayor demanda de la inversión privada son la adaptación de la cadena de valor y producción agrícola, para priorizar el desarrollo de cultivos inteligentes e implementar sistemas de riego eficientes; la creación de tecnologías, para predecir condiciones climáticas de riesgo, y de sistemas financieros que protejan a los productores más pequeños; y el desarrollo de infraestructura «verde», adaptable a los ecosistemas.
Antecedentes exitosos en el mundo
Como ejemplos del trabajo conjunto entre los sectores público y privado para impulsar proyectos de resiliencia ambiental, el PNUD destacó la conformación del Fondo para el Agua del Alto Tana-Nairobi de Kenia, iniciativa promovida por una coalición de autoridades públicas, empresas y usuarios del sistema hídrico, para fortalecer cuencas hidrográficas, reducir la erosión y proteger el acceso al suministro.
En América, el programa piloto de certificación de carne de vacuno libre de deforestación, implementado en Costa Rica, sentó precedente en el trabajo conjunto entre ambos sistemas para promover la adopción de prácticas de gestión sostenible de la tierra entre los grupos agricultores y respaldarlos para alcanzar los estándares de certificación ambiental.
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