El delito medioambiental transnacional ha dejado de ser un crimen de jurisdicciones fraccionadas para convertirse en uno que muestra síntomas muy claros de una reacción legislativa que empieza a tomar forma a nivel global. En la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC COP13), fue adoptada una resolución muy contundente a favor de que se inicien negociaciones para un protocolo adicional que tipifique como delito específico determinados crímenes ambientales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) tuvo una gran opinión favorable a la propuesta de la creación de un comité específico que tipifique y combata el tráfico de la fauna y la flora silvestres, la tala ilegal, el tráfico de residuos tóxicos y la minería ilegal.
Un marco jurídico contra la delincuencia organizada internacional
El texto fue aprobado con 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones, marcando un cambio estructural en la lucha contra las redes delictivas, cuyos métodos son cada vez más sofisticados y más lucrativos. Se trata de grupos organizados criminales que están provocando toda una aceleración de la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas y de los espacios naturales, que están socavando la gobernanza y están privando de ingresos a los Estados soberanos.
La UNTOC, también llamada Convención de Palermo, propone proporcionar a las autoridades herramientas jurídicas operativas que ya son de aplicación en otros delitos graves, como por ejemplo los tratados de extradición, la asistencia jurídica mutua, el intercambio fluido de la inteligencia o la recuperación transfronteriza de los grandes beneficios financieros ilícitos.
La directiva del Centro de Política y Derecho de la UICN, Sonia Peña Moreno, expresó que se trata de una oportunidad crítica para cerrar la enorme brecha metodológica existente entre los objetivos de conservación ecológica y la justicia penal dura. Las diferencias abismales existentes entre los marcos jurídicos nacionales han facilitado que los traficantes operen con total impunidad, aprovechando los vacíos legales para mover especies amenazadas o maderas preciosas a través de las fronteras.
La ciencia y los derechos humanos como requisitos del derecho
Más allá de la persecución penal, la UICN reclama algo más a los Estados miembros: que el documento final profundice en su enfoque de la prevención estructural, entendiendo esta como la incipiente violencia que comienza a eliminar las raíces operativas del crimen ecológico, desmantelando así la gobernanza débil, la corrupción institucional y los incentivos perversos que provocan los mercados negros.
Igualmente, la institución conservacionista considera que, por pura obligación de dar seguridad jurídica, el protocolo deberá inexorablemente estar fundamentado en el conocimiento científico avanzado al que se pueden tener acceso a través de herramientas como la Lista Roja de Especies Amenazadas o la ciencia forense ambiental para que los tribunales internacionales lleguen a evaluar y a penalizar el daño ecológico real mucho más allá del simple valor de mercado de los bienes que logran ser incautados.
El marco jurídico también ha de precisar sin límites el enfoque basado en los derechos humanos, en razón de lo cual la institución conservacionista incide en la necesidad de que el tratado de protección jurídica respete los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los defensores ambientales y los denunciantes de irregularidades.
Siguientes pasos hacia la Conferencia de las Partes de 2028
La resolución de la ONU establece que se constituya un comité que celebrará un total de cuatro sesiones de trabajo intensivo durante los dos próximos años. El principal objetivo burocrático a salvar en estas cumbres será el de redactar un borrador final del protocolo.
La UICN también quiso expresar públicamente su agradecimiento a la coalición de países motores, conformada por Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, entre otros, como los que adoptaron la inmensa iniciativa intergubernamental.
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