Desde que asumió su mandato como presidente de EE.UU, Donald Trump, las modificaciones y la disputa por el acceso a la información cobran un nuevo sentido debido a que la relación entre la prensa y la Casa Blanca fue tensa durante varias administraciones, pero la reciente decisión de restringir el acceso de la Associated Press (AP) marca un nuevo punto de conflicto.
Este lunes, un juez federal rechazó la solicitud de la agencia de noticias para restablecer su pleno acceso a las actividades del presidente estadounidense. Dicho juez, llamado Trevor McFadden, fue designado por el propio Trump, se negó a conceder una medida cautelar que permitiera a los periodistas de AP regresar a espacios claves como la Oficina Oval y el Air Force One.
En cuanto al litigio en curso, el juez McFadden determinó que ambas partes presenten argumentos adicionales y ha programado una nueva audiencia para el 20 de marzo. La justificación del letrado se basó en que la restricción impuesta no se asemejaba a casos previos donde se había negado el acceso a reporteros de manera arbitraria. Mientras tanto, la Casa Blanca defiende su decisión argumentando que no existe un derecho constitucional que garantice acceso especial a los medios de comunicación.
La demanda que realizó AP contra los funcionarios de Trump
Ante la negativa de acceso, Associated Press, presentó una demanda contra tres altos funcionarios que responden a la Casa Blanca de la administración de Trump. En su demanda, esta agencia dio su argumento, en donde sostiene que la prohibición vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.
Los funcionarios demandados incluyen a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles; el subjefe de gabinete, Taylor Budowich; y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt (los detalles de por qué Trump rechaza llamar «dictador» a Putin). Sin embargo, la denuncia sostiene que la decisión de impedir el acceso de AP se debe a un intento del gobierno de controlar la narrativa mediática.
En cuanto a los abogados que responden al gobierno, sostienen que la demanda carece de argumentos, ya que el acceso de los medios de comunicación a ciertos eventos es una prerrogativa del presidente. En su defensa señalan que la mayoría de los periodistas no tienen acceso rutinario a la Oficina Oval o al Air Force One y que estas restricciones no constituyen una violación de derechos claves.
Los supuestos motivos detrás del veto que tiene AP y el reclamo de la libertad de expresión
Cabe recordar que el conflicto se originó por la decisión de AP de continuar utilizando el término de «Golfo de México» en sus reportajes, a pesar de una orden ejecutiva de Trump que exige que se refiera a la región como «Golfo de América», nombre que anunció Estados Unidos, cambiándolo como si fuera propio. Algunas plataformas de mapeo digital reaccionaron de manera distinta; en Google Maps comenzó a utilizarse.
Ante la negativa de AP de adoptar la nueva nomenclatura (el potencial de que Apple modifica la denominación), la Casa Blanca tomó la determinación de prohibir la entrada de sus comunicadores a eventos presidenciales importantes. Tras enterarse de esta medida, se generó un rechazo en otras agencias de noticias que consideran esta acción como parte de coartar la libertad de expresión en cuanto a los medios.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se posicionó en defensa de AP, argumentando que la prohibición impuesta hace que se vea vulnerada la cobertura de noticias del presidente en detrimento del público. Por su parte, Reuters también emitió un comunicado en respaldo de la agencia estadounidense. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó enviando una carta a Google.