El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, la Casa Blanca evalúa convertir subsidios ya otorgados a Intel en una participación accionaria dentro de la empresa. La operación, inédita en la política industrial del país, situaría al Estado como actor directo en una de las compañías más estratégicas del mundo de los semiconductores.
El gobierno de EE.UU tiene una avance en la política industrial
Las discusiones dentro de la Casa Blanca giran en torno a destinar parte de los recursos asignados por la Ley CHIPS y Ciencia a una conversión en capital accionario. Según Bloomberg News, la iniciativa busca que el gobierno adquiera alrededor del 10% de Intel, lo que representaría una inversión estimada en 10,500 millones de dólares.
El monto provendría de los 10,900 millones de dólares en subvenciones ya comprometidos para la empresa, pero el plan marcaría un giro drástico respecto a la política industrial tradicional (esta medida de los aranceles generó sorpresas), donde Washington había limitado su apoyo a incentivos fiscales o subsidios sin influencia accionaria.
“La reunión con Lip-Bu Tan fue muy interesante”, comentó Trump en Truth Social tras conversar con el CEO de Intel, confirmando que se analizan esquemas innovadores para garantizar la producción local de semiconductores, esta movida se trata de una jugada con la intensión de fusionar seguridad nacional, competitividad tecnológica y política industrial en un solo movimiento.
Intel se encuentra en un momento crítico de reestructuración
El nuevo CEO, Lip-Bu Tan, asumió en marzo de 2025 con el mandato de reestructurar la compañía pero la relevancia de esta negociación se explica en el contexto que atraviesa Intel. Durante 2024, la compañía sufrió la mayor caída anual de su historia en bolsa, con un desplome cercano al 60%, debido a retrasos tecnológicos y a la incapacidad de capitalizar el auge de los chips de inteligencia artificial.
Desde entonces, anunció una reducción del 15% de la plantilla global, ajustes en el negocio de fundición y un freno parcial a la construcción de la megaplanta de 20,000 millones de dólares en Ohio, condicionando su expansión a la evolución de la demanda.
Pese a los esfuerzos, analistas advierten que Intel necesitaría al menos 40,000 millones de dólares adicionales para competir con TSMC y Samsung, los gigantes que hoy dominan la industria de chips avanzados. En ese marco, un respaldo directo del gobierno podría significar un salvavidas clave para sostener su hoja de ruta.
Seguridad nacional y el futuro de los semiconductores
El trasfondo de esta posible operación no es solo financiero, esto se debe a que el gobierno republicano estuvo situado a los semiconductores en el centro de su estrategia de seguridad nacional, al considerar que la dependencia de proveedores extranjeros representa un riesgo económico y militar.
En esa línea, la administración ya firmó acuerdos con Nvidia y con la minera MP Materials para garantizar minerales críticos, esenciales en la producción de chips y baterías. Sin embargo, la apuesta por Intel refuerza ese enfoque, colocando a la compañía como eje de la política industrial y tecnológica de Estados Unidos.
La reunión del 11 de agosto entre Trump, Tan y los secretarios de Comercio y Tesoro subrayó la importancia del tema. Mientras algunos sectores ven la propuesta como un respaldo estratégico, otros advierten sobre los riesgos de que el Estado tome un rol de accionista en una empresa que compite globalmente pero lo cierto es que, de concretarse, marcaría un precedente nuevo en la historia cercana de la industria norteamericana.
En el mercado, las acciones de Intel retrocedieron entre 3.8% y 5%, borrando parte de las ganancias que habían acumulado la semana previa (esto sucedió en la Cumbre en la Casa Blanca), cuando el optimismo sobre un posible respaldo federal disparó un repunte de más del 23%.