En 2009, la fundición de La Oroya fue forzada a paralizar sus operaciones por su incapacidad financiera para concluir los compromisos ambientales estipulados en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual ya había sido modificado y ampliado varias veces a solicitud de la empresa Doe Run Perú (DRP), un privilegio, por cierto, que no le ha sido concedido a ninguna otra gran operación minera en el país.
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