En el Senado de la República, se llevó a cabo una votación que tuvo 73 votos a favor y 34 en contra, que marca que a partir de ahora, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) será el nuevo encargado de evaluar las políticas de desarrollo social, en reemplazo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que fue disuelto.
Esta sesión plenaria determinó la aprobación de reformas que modifican tres leyes: la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con estos cambios, se armoniza el marco legal con el artículo 26 de la Constitución, que permite reorganizar funciones estatales.
Asimismo, el principal argumento detrás de esta medida fue la eficiencia institucional porque algunos legisladores oficialistas defendieron la idea de que el INEGI, ya encargado de las estadísticas nacionales, tiene la capacidad de absorber las funciones del CONEVAL sin perder calidad técnica ni objetiva.
Los argumentos a favor que tiene esta modificación aprobada en el Senado
La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, fue una de las voces más destacadas a favor de la reforma, allí indicó que la transferencia de funciones al INEGI es para simplificar la estructura del Estado y concentrar en un solo organismo las tareas relacionadas con datos y evaluación social.
De este modo, Chávez destacó que la duplicidad de funciones que tenía el CONEVAL junto al INEGI, revelaba un gasto innecesario para el tesoro, por eso sostuvo que los recursos destinados al consejo podrían canalizarse hacia programas sociales directos, como becas o pensiones.
Por otro lado, se argumentó que el nuevo enfoque dejaría un análisis integral de los indicadores sociales, brindándole una mayor transparencia. Así, el INEGI no solo tendrá la facultad de medir la pobreza, sino también emitir recomendaciones, evaluar metas y coordinar con los tres niveles de gobierno en la implementación de políticas sociales.
A la oposición no le gustó el cambio que se realizó
En el recinto, no todos estuvieron de acuerdo con la eliminación del CONEVAL, porque Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresó su desacuerdo, dando a entender que se trata de una medida que compromete la objetividad en la evaluación de los programas sociales.
El representante del PAN, Agustín Dorantes, apuntó que esta reforma no obedece a una política de austeridad, sino a una intención de debilitar a las instituciones que fiscalizan el uso de recursos públicos. Según lo que él cree, eliminar el organismo evaluador es una manera de blindar al gobierno de críticas técnicas sobre el combate a la pobreza.
Cabe mencionar que se cuestionó si el INEGI tiene el perfil institucional adecuado para cumplir con las tareas que venía realizando el CONEVAL, sobre todo en lo que respecta a la evaluación de políticas públicas. Amalia García, senadora de Movimiento Ciudadano, advirtió que la decisión podría representar un retroceso democrático.
Datos que son importantes a la hora del presupuesto
Los puntos que más influyeron en la decisión del oficialismo fue el presupuesto que absorbía el CONEVAL que entre 2018 y 2025, recibió más de 3 mil millones de pesos, cifra que según sus críticos, podría haber sido más útil en programas sociales de impacto directo.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda sostuvo que existía una redundancia operativa entre el CONEVAL y el INEGI, pese a que el primero tenía que evaluar políticas pero a su vez, dependía de los datos que generaba el segundo, lo que hacía innecesaria su existencia.
En tal caso, la auditoría de la Cuenta Pública 2020 detectó anomalías en la operación del CONEVAL, que añade al personal sin perfil adecuado. A esto hay que agregarle cuestionamientos sobre su efectividad, pero en algunos informes se indicó que no derivan en acciones concretas.
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