La implementación adecuada de los presupuestos que se asignen al agua es esencial para mantener una buena salud de la población, la producción de alimentos a nivel mundial y la energía que les permite a las empresas funcionar. Concretamente, a nivel global, el agua permite la creación de unos 1700 millones de puestos de trabajo, lo que pone de manifiesto la gran repercusión socioeconómica diaria. No obstante, el mundo se encuentra muy rezagado en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que busca garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento para todo el mundo en el año 2030.
La paradoja de la falta de ejecución y la necesidad de infraestructura
El informe del Banco Mundial titulado «Financiando un futuro con seguridad hídrica», que se publicó en 2024, muestra una elevada y generalizada ineficiencia en el uso del capital del Estado, ya que dicho informe indica que la ejecución presupuestaria del sector promedió un insatisfactorio nivel del 72 % en la ejecución presupuestaria entre 2009 y 2020. Esto significa, en cifras globales, que más de US$0,28 de cada dólar asignado a saldos o inversiones jamás llegan a gastarse en obras reales. Sin embargo, la situación es incluso más crítica en los sectores más vulnerables (por ejemplo, en el África subsahariana).
Dicha situación crea una paradoja financiera sustantiva: los diferentes países no logran cerrar la brecha de inversión y dejan sobre la mesa el dinero asignado. Este alto costo de la falta de ejecución institucional se paga con las comunidades vulnerables que siguen sin tener acceso seguro a fuentes de agua potable.
Barreras burocráticas e institucionales en el proceso de ejecución de los proyectos
Las verdaderas causas en las que el dinero permanece estancado son de tipo estrictamente institucional y organizacional. Un proyecto de infraestructura hídrica no puede fracasar porque a los gobiernos no les interese resolver el problema, sino más bien porque el sector, por sí mismo, no cuenta con instituciones que, al menos, sean suficientemente sólidas para transformar los extensos objetivos de largo plazo en un conjunto de acciones ejecutables, con plazos bien definidos.
Por lo general, la preparación técnica de los proyectos se produce de forma muy rápida, mientras que las adquisiciones requieren que contengan firmas y aprobaciones de múltiples agencias estatales que, además, rara vez son suficientemente coordinadas entre ellas mismas.
Para cuando se hayan adquirido finalmente los terrenos necesarios, se hayan garantizado las severas autorizaciones ambientales y se hayan autorizado los procesos de compras, apenas queda tiempo útil en el año fiscal para poder entregar los proyectos. Esta profunda tardanza provoca, en línea con los excesivos retrasos, que los ingentes fondos no gastados deban necesariamente regresar a la tesorería del Estado, haciendo que las inversiones se posterguen.
Planificación de las finanzas y el programa «Water Forward»
La estrategia «Water Forward» de la agencia internacional destaca expresamente que movilizar más recursos financieros solo representa la mitad de la batalla operativa. La otra mitad consiste en garantizar que los gobiernos efectivamente pueden usar lo que tienen, punto en el que la Gestión Financiera Pública y la Gestión de Inversión Pública se convierten en áreas sumamente relevantes, ya que estos sistemas administrativos constituyen el marco a partir del cual los estados planifican, asignan y gastan el dinero. Una vez que esos sistemas son débiles y que no hay alineación entre las metas sectoriales y los presupuestos anuales, incluso un ministerio bien financiado se verá batallando fuertemente para transformar sus asignaciones en infraestructura.
El gasto en recursos para el agua es claramente intensivo en capital y tiene ciclos de proyecto muy prolongados. Los países que logran incorporar este nivel de gasto en marcos temporales coherentes de varios años muestran continuamente tasas de ejecución mucho más altas que los demás países.
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