Ned Lamont, gobernador de Connecticut, publicó un comunicado este martes 15 de septiembre y criticó la decisión de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) de concretar la derogación de los estándares de contaminación de carbono para las empresas eléctricas. Este reclamo fue respaldado por el fiscal general William Tong y la comisionada interina del Departamento de Energía y Protección Ambiental, Emma Cimino. Y es que, con la modificación federal, se eliminan los límites de gases de efecto invernadero para las plantas de carbón y para las centrales a gas, en auge en estos últimos años.
Declaraciones oficiales
Lamont se pronunció en el comunicado oficial: «El anuncio de la EPA de Trump ignora la ciencia consolidada y prolonga nuestra dependencia de fuentes de electricidad sucias y costosas; mientras tanto, daña el ambiente y aumenta los riesgos para la salud pública». William Tong también escribió su cuestionamiento y expresó: «Trump está sacrificando el aire limpio que respiramos por ganancias a corto plazo para los mayores contaminadores del mundo».
Además, explicaron que desde Connecticut están listos para volver a litigar en contra de la medida y remarcaron que las centrales eléctricas representan el 25 % de la contaminación climática de Estados Unidos.
Reclamo a la EPA desde Connecticut
La derogación de los estándares de emisión de carbono para las plantas eléctricas generó el rechazo de las autoridades de Connecticut y se sumó a otra propuesta que buscaría eliminar también por completo la autoridad de la EPA para regular la contaminación de carbono en todas las centrales eléctricas. Con respaldo de la Alianza Climática de Estados Unidos, de la que forma parte Connecticut, se presentaron comentarios de rechazo de fiscales generales de estos estados, entre ellos Tong.
Entre los cuestionamientos se destaca el que se posiciona en contra de la eliminación de normas fijadas por la administración Biden en 2024 bajo la Ley de Aire Limpio y que exigían que las centrales eléctricas a carbón debían controlar el 90 % de la contaminación de carbono en todo Estados Unidos. Según el posicionamiento, si se seguían las proyecciones y los estándares eran respetados, se generarían US$370 000 millones en beneficios netos y se evitarían, hacia 2035, un total de 1200 muertes prematuras, 48 000 días de ausentismo escolar, 57 000 días laborales perdidos y hasta 1900 casos de asma.
A pesar de que Ned Lamont destacó que la calidad del aire en Connecticut superó los estándares federales de ozono durante 17 días en lo que va de 2026, 22 días de 2025 y 23 días de 2024, siguen alertando que los avances pueden ser en vano ante decisiones federales como las que tomaría la EPA a cargo de Lee Zeldin, que ponen en riesgo a personas mayores, a quienes padecen afecciones preexistentes y a los niños por la contaminación y los posibles niveles insalubres de aire ante las emisiones deliberadas.
El grupo opositor
La Alianza Climática de Estados Unidos quedó consolidada en agosto de 2025 y de este grupo forman parte 21 fiscales generales estatales, entre los que están Nueva York, Massachusetts, Connecticut y California como los impulsores principales, sumando ya 24 representantes en total en el país. Allí, donde se sumaron también autoridades de la ciudad de Nueva York, Chicago o Denver, se presentaron comentarios formales ante la EPA en rechazo de la propuesta de derogación. Aunque su creación se remonta a 2017 por el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, tomó fuerzas a nivel interno en 2025 y reportan que, con sus propias políticas para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, redujeron el 24 % el nivel respecto de 2005.
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