Este martes 3 de noviembre, en el contexto de elecciones de medio término, la titular de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA), Kelly Loeffler, destacó las últimas decisiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo el gobierno de Donald Trump, que dejan sin efecto obligaciones ambientales que regían desde hace más de 20 años sobre productores ganaderos, lo que interrumpe la elaboración de métodos para estimar las emisiones contaminantes en las granjas.
La decisión de la EPA
El 30 de octubre, la EPA firmó el fin de los acuerdos de 2005 y anunció que no desarrollará estimaciones previstas en el Acuerdo de Cumplimiento del Aire. De esta forma, dejarán de contemplar los resultados obtenidos en 2600 instalaciones de engorde de animales y la totalidad de 14 000 granjas en todo Estados Unidos.
La medida pondrá fin a la medición de amoníaco, sulfuro de hidrógeno, compuestos orgánicos y material particulado liberado en estas instalaciones y que representaba una obligación fija para los ganaderos. El argumento principal señala que la información recolectada entre 2005 y 2007 es demasiado antigua e impide obtener resultados confiables. «La buena ciencia requiere buenos datos y estos son demasiado antiguos para sostener métodos en los que las granjas pueden confiar», explicó Abigale Tardif, administradora de la Oficina de Aire y Radiación de la EPA.
La EPA da un paso atrás en el cuidado del aire
La EPA y la Administración de Pequeñas Empresas respaldan la interrupción del desarrollo de los métodos con los que se estiman las emisiones contaminantes de las granjas, poniendo fin al acuerdo de cumplimiento que se había firmado en 2005. Por ello, Loeffler difundió un mensaje del Consejo Nacional de Productores de Cerdo (NPPC) que apoyó la desregulación, al considerarla una conquista reclamada durante años.
Loeffler publicó un mensaje en su cuenta de X: «Washington pasó los últimos cincuenta años cargando a los agricultores con regulaciones ambientales interminables para impulsar la agenda verde. Esta administración las está revirtiendo y está devolviendo la libertad que la América rural necesita para alimentar, vestir y abastecer de combustibles a nuestra nación».
Dentro del NPPC, en su comunicado de respaldo a la medida, señaló: «Esto confirma lo que los agricultores saben desde hace mucho: cada granja debería evaluarse según sus propios factores, sus prácticas, su ubicación, sus animales y su gente. Agradecemos a la EPA por escuchar a los agricultores que alimentan al país». Con esto, dejan en claro una crítica al Estudio Nacional de Monitoreo de Emisiones al Aire (NAEMS), que se había creado como parte del acuerdo de 2005.
Tras años de críticas al acuerdo por parte del sector ambientalista, que se remontan a 2017, la EPA adoptó una medida drástica. Si bien en aquel momento la Oficina del Inspector General, con un estudio que costó US$15 millones, había concluido que la agencia necesitaba nuevos métodos confiables para saber si se cumplía con la ley, la administración Trump optó por la desregulación y suprimió el control de emisiones ganaderas luego de recibir peticiones de al menos 24 organizaciones ante la EPA.
Los próximos pasos
A raíz de esta decisión, de la repercusión en la industria ganadera y el apoyo de la propia administración Trump, la EPA notificará a las 2600 instalaciones que participan en los estudios anuales y dará por terminado el acuerdo de 2005. No obstante, aclararon que continuarán trabajando con universidades, productores y el Departamento de Agricultura para desarrollar métodos de medición más eficientes de emisiones en las granjas. «La EPA de Trump sigue brindando certidumbre regulatoria a los agricultores de Estados Unidos», explicó Jeffrey Hall, administrador de la Oficina de Cumplimiento y Aseguramiento de la Ley.
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