La Iniciativa de Autobuses Escolares Eléctricos, perteneciente al WRI, sintetizó los aspectos esenciales a tener en cuenta para aprovechar las baterías de los autobuses eléctricos escolares que, una vez fuera de uso, pueden ser útiles para alimentar la red eléctrica y favorecer el abastecimiento de las comunidades.
1. El potencial de las baterías más allá de los autobuses
Los autobuses escolares eléctricos se encuentran entre las principales novedades del mundo de la movilidad limpia. Diseñados para trasladar grupos grandes, estos transportes se ofrecen como una alternativa «todoterreno» que, además de cumplir con las funciones básicas de un autobús sin complicaciones, reduce la contaminación ambiental y beneficia la salud de los ciudadanos.
Lejos de limitarse, estas unidades alojan en su estructura un componente capaz de funcionar como fuente energética para las redes eléctricas: sus baterías. Se trata de dispositivos cuyas funciones no se agotan en la propulsión de los autobuses, sino que, una vez fuera de circulación, pueden reutilizarse.
Actualmente, «las flotas suelen retirar las baterías de los vehículos eléctricos cuando conservan aproximadamente el 70 % de su capacidad energética original», por lo que estos «desechos» mantienen en realidad un importante potencial para el almacenamiento y el suministro de energía, oportunidades que la Iniciativa de Autobuses Escolares Eléctricos busca aprovechar con la consolidación de un sistema de negocio estable.
2. Principales desafíos para impulsar el reaprovechamiento de las baterías
Según su diagnóstico, el mercado de las baterías usadas permanece estancado debido a tres problemas específicos: la incertidumbre técnica sobre el estado y el rendimiento futuro de estos componentes, la demanda fragmentada, que genera incertidumbre sobre el interés real de la propuesta, y los elevados costos logísticos y de transacción que pueden reducir el valor del producto reutilizado.
Para destrabar estas limitaciones y avanzar en la gestión inteligente de las baterías usadas, el WRI hizo hincapié en tres propuestas que, en complemento, ofrecen una solución integral. En primer lugar, propuso desarrollar procedimientos para evaluar el estado de las baterías y determinar si pueden continuar operando.
En este sentido, el diagnóstico, la extracción y el almacenamiento seguro son ejes fundamentales a tratar para garantizar la conservación de estos componentes. En segundo lugar, subrayó la necesidad de «crear una demanda creíble» que justifique el despliegue de operaciones para recuperar las baterías.
En esta línea, propuso probar proyectos integrados con empresas de servicios públicos para evaluar el rendimiento de las baterías en el respaldo energético, el almacenamiento y la reducción de picos de demanda, entre otras funciones. Por último, recomendó la instalación de centros de acopio de baterías, que ayudarían a reducir los costos de traslado y garantizar su seguridad.
3. Beneficios económicos, energéticos y ambientales
El WRI enumeró algunos de los beneficios más notables que traería aparejado el desarrollo de un mercado basado en la recuperación de baterías usadas. Por un lado, señaló que la venta o transferencia de estos componentes traería ingresos adicionales a las escuelas y distritos propietarios de flotas de autobuses eléctricos.
A ello se añadiría un beneficio a escala comunitaria con el almacenamiento energético adicional y el reforzamiento de la resiliencia energética, ventajas que permite el reaprovechamiento de las celdas. Finalmente, destacó que el aprovechamiento de estas piezas favorece la reducción de la contaminación ambiental, resultante de la producción de baterías desde cero.
4. Estrategias a futuro
De camino a consolidar este sistema de reciclaje, el WRI apuntó a la articulación de esfuerzos entre los sectores privado y público para garantizar el flujo de inversiones necesario para el establecimiento de una cadena logística de rescate.
Para el organismo, son necesarias las subvenciones, los programas de resiliencia y de modernización energética, las estructuras de financiación y el establecimiento de estándares de tratamiento y transporte, que posibilitarán la creación de una infraestructura de mercado «que haga que el uso de baterías de segunda vida sea seguro, económico y escalable».
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