El Senado dio luz verde a la Ley Bipartidista Estadounidense de Asequibilidad y Empleo, mejor conocida como la «ley BAAJA», que apunta a acelerar el desarrollo de proyectos energéticos. El respaldo de los legisladores e industriales contrastó fuertemente con la reacción de las organizaciones ecologistas, que advirtieron sobre el impacto de las iniciativas industriales en el medio ambiente.
El Senado respaldó la ley BAAJA y el proyecto se abrió paso hacia la Cámara de Representantes
Ayer, los senadores se reunieron para participar del debate de la ley BAAJA, que promueve reformas en el marco normativo que rige los permisos ambientales y de transmisión eléctrica, bajo la premisa de que los requisitos administrativos actuales impiden el aprovechamiento del potencial energético nacional, bloquean inversiones estratégicas y atentan contra la seguridad energética.
El incremento de la demanda de electricidad, apuntalado en la expansión de los centros de datos y la progresiva electrificación de la industria y el transporte, expuso la insuficiencia de las redes eléctricas para afrontar los desafíos actuales. La urgencia de reforzar la capacidad energética pasó a ocupar un lugar central en la agenda del gobierno estadounidense, que aboga por acelerar la apertura de nuevas centrales generadoras.
«El proyecto de ley es muy beneficioso para los defensores de los proyectos energéticos (tanto de energía limpia como de combustibles fósiles); aunque es muy perjudicial para los intereses de los grupos ecologistas y otros opositores», señaló Michael Gerrard, fundador del Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia.
En esta línea, la votación, que marcó un triunfo de 62 sobre 33 y evidenció divisiones dentro del grupo demócrata, agitó el debate sobre la conveniencia de flexibilizar los procesos de revisión de las iniciativas, bajo riesgo de impactar negativamente en la ecología.
Voces a favor
Entre los partidarios del proyecto BAAJA, el senador republicano John Boozman elogió la decisión del Senado, augurando que su aprobación definitiva marcaría un antes y un después para el desarrollo energético y económico del país. «Me enorgullece apoyar esta solución bipartidista que reemplazaría el obsoleto y complejo sistema federal de permisos por un marco más claro y transparente, que genere certeza», afirmó.
Como representante de Arkansas, subrayó los beneficios financieros que atraerán las modificaciones: «Un total de US$23 600 millones en proyectos de Arkansas se encuentran actualmente estancados en el proceso de obtención de permisos federales», señaló, y estimó que el impacto económico total entre empleos, ingresos fiscales e inversiones en el estado correspondería a US$23 600.
Por su parte, desde el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), Neera Tanden agradeció el compromiso de los legisladores y afirmó que el proyecto «es una oportunidad excepcional para reformar la política de transmisión y abordar los problemas de larga data» dentro del sector. Asimismo, destacó las cláusulas que exigen a los centros de datos responder por la expansión y modernización de las redes eléctricas.
La preocupación de los ambientalistas
Desde el polo opuesto, la organización Amigos de la Tierra (FOE) condenó la votación que impulsó el avance de la reforma de permisos, argumentando que es «un ataque contra nuestro aire limpio, agua limpia, tierras públicas, vida silvestre, océanos y comunidades», que resultarían perjudicados ante la proliferación de centrales de generación basadas en la quema de combustibles fósiles.
En el mismo tono, el Sierra Club denunció que se trata de una estrategia para fomentar la explotación petrolera que, lejos de beneficiar a las comunidades, prioriza el enriquecimiento de las grandes corporaciones extractivistas; y la agrupación En Defensa de los Animales (IDA USA) manifestó su preocupación por el avance de proyectos de infraestructura que invadan zonas verdes y atenten contra la supervivencia de los animales silvestres.
En este escenario, la sesión en la Cámara de Representantes constituirá la última oportunidad para introducir modificaciones que equilibren los intereses de grupos ecologistas con los de los actores del sector energético. Al respecto, desde el CAP sugirieron a los legisladores considerar enmiendas que favorezcan la protección de los recursos naturales, los animales, las tribus y la vida silvestre, sin desalentar el desarrollo industrial.
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