La justicia federal brasileña puso freno al decreto firmado el 28 de julio por el presidente de facto Temer sobre la apertura de la reserva RENCA (Reserva Nacional do Cobre e Associados) a la actividad minera.
El decreto causó fuertes críticas en la comunidad de organizaciones ambientalistas y en la oposición del gobierno. La presión obligó a la justicia a reconsiderar el decreto.
La organización ambientalista WWF criticó la medida como una amenaza potencial para áreas naturales protegidas ubicadas en esa región, así como para la población local.
La oposición definió la intención de Temer como "el peor ataque a la Amazonía en casi medio siglo".
Al dar de baja esa región y permitir su explotación minera, solo contribuiría a empeorar las condiciones climáticas regionales, ya bastante afectadas por el millón de kilómetros cuadrados de Amazonas (la quinta parte) que fue desbastada por la codicia de las madereras internacionales y de las explotaciones de hierro y oro.
Temer aseguró que con su decisión pretendía atraer inversiones para la explotación de yacimientos de cobre, oro, níquel, entre otros metales y que serían preservadas áreas protegidas e indígenas de esta reserva.
Características de la Renca
Se encuentra ubicada en un territorio de unos cuatro millones de hectáreas (47.000 kilómetros cuadrados) en la Amazonía en el norte de Brasil, fue creada en 1.984, durante la dictadura militar, y estaba reservada hasta ahora sólo a su uso o explotación por parte del Estado.
El área Renca contiene tres unidades de conservación integral: la estación Ecológica de Jari, el Parque Nacional Montañas del Tumucumaque y la reserva biológica de Maicuru. En su interior conviven dos comunidades indígenas y hay, además, cuatro reservas de uso sustentable (es decir, de explotación por las propias tribus).
Condición a decisiones futuras
En su orden de suspensión, la Corte Federal número 21 fue más allá y condicionó al debate en el Congreso cualquier medida relacionada que se tome en el futuro.
En su decisión, el juez subraya que cualquier alteración en el uso de los recursos existentes en la reserva sólo puede ser realizada en forma de ley.
La Fiscalía General ya anunció que recurrirá esta decisión.
Ecoportal.net
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