La batalla legal que giraba en torno a los aranceles comerciales impuestas durante el mandato de Donald Trump se vio modificada por la intervención del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. Este órgano judicial suspendió temporalmente el fallo del Tribunal de Comercio Internacional (CIT), que bloqueaba la mayoría de los aranceles implementados por el republicano.
Al ocurrir esta suspensión se permite que las medidas se mantengan activas mientras se evalúa la apelación del Gobierno, pero el CIT había cuestionado la legalidad de los aranceles al considerar que Trump se extralimitó en sus funciones al imponerlos sin autorización del Congreso. Según los jueces, esta acción violaba el principio constitucional de separación de poderes.
Pese a este argumento, el Gobierno defendió la legitimidad de su actuación alegando que la situación económica del país justificaba una respuesta urgente del Ejecutivo, pero esta reactivación provisional fue recibida como una victoria política para Trump, quien interpretó la decisión como una reivindicación de su autoridad presidencial en materia económica.
Críticas directas a los jueces y a antiguos aliados conservadores
Como es habitual, en su cuenta de Truth Social, el líder republicano no solo celebró el fallo del tribunal de apelaciones, sino que también lanzó duras críticas contra los jueces que intentaron frenar sus aranceles y acusó a los magistrados del CIT de actuar por motivaciones políticas y de dañar los intereses nacionales con un dictamen que calificó como “horrible”.
Además de cuestionar a la judicatura, el presidente apuntó sus críticas hacia la Sociedad Federalista, organización conservadora que lo asesoró en la selección de jueces durante su primer mandato. Acusó a su ex asesor Leonard Leo de haber influenciado negativamente en esas decisiones deslizando que se trata de una figura opuesta a los intereses del país.
Asimismo, el presidente estaodunidense utilizó esta disputa para poder reforzar su narrativa de que enfrenta una estructura institucional sesgada en su contra. Mediante publicaciones, no tardó en insistir en que su lucha no corre solo por lo legal, sino también por la patria, y que sus medidas arancelarias tienen como objetivo proteger la economía estadounidense de amenazas extranjeras.
La decisión del Tribunal de Apelaciones no revoca la sentencia y puede escalar
Si bien el fallo del CIT fue suspendido, se puede decir que representaba un problema para la política comercial de este gobierno, ya que sostiene que los aranceles impuestos sin la participación del Congreso eran inconstitucionales y establecía que el Ejecutivo no podía actuar de manera unilateral en este ámbito.
Ante esto, la decisión del Tribunal de Apelaciones no revoca la sentencia, sino que la congela mientras se presentan los alegatos de ambas partes. En ese sentido, este plazo se pone para que los demandantes respondan antes del 5 de junio, mientras que el Gobierno tiene hasta el 9 de ese mes para defender su posición.
Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai calificó el fallo original como “flagrantemente erróneo” y reafirmó el compromiso del Gobierno con el uso de todos los instrumentos disponibles para enfrentar lo que definieron como una emergencia económica nacional. Para ellos, los déficits comerciales justifican medidas excepcionales como los aranceles.
¿Qué es lo que se pone en juego con estos aranceles?
Trump justificó estas medidas como una forma de corregir déficits estructurales, fomentar el regreso de la industria nacional y personal a países como China, México y Canadá para negociar acuerdos más favorables para Estados Unidos.
El mandatario también las vinculó con el combate contra el tráfico de drogas, sobre todo el fentanilo. Esta medida se conoció como “aranceles del Día de la Liberación” siendo una de las más amplias, ya que se impuso bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.
De todas formas, hasta el momento los demandantes señalan que esta norma no autoriza el uso de aranceles, y que la situación económica del país no cumple con los criterios que corresponden a una “amenaza inusual y extraordinaria” requeridos por la ley.
