El gobierno denunció los altos costos que el shutdown del Departamento de Seguridad (DHS) está generando a los estadounidenses. Mientras tanto, funcionarios y efectivos permanecen sin cobrar sus sueldos desde hace un mes, y la puja entre republicanos y demócratas por la desprotección de los ciudadanos es uno de los principales debates en el panorama político nacional.
El shutdown del Departamento de Seguridad
El 14 de febrero, la administración debió hacer frente a un nuevo cierre. En plena polémica por las redadas del ICE, que se cobraron la vida de civiles inocentes (como fue el caso de Alex Pretti), los legisladores demócratas, con respaldo de un pequeño sector republicano, condicionaron la aprobación de las nuevas partidas presupuestarias para el DHS a las modificaciones en el protocolo de los agentes.
Pero lejos de acatar las exigencias de los congresistas, Trump decidió volver a dar la espalda al reclamo de la oposición. Y, como lo habían previsto, el presupuesto para la cartera que dirigía Kristi Noem fue denegado. El cierre, de carácter parcial, no afectó, sin embargo, el funcionamiento del ICE y el CBP.
Al contrario, personal esencial de la TSA (Administración de Seguridad del Transporte) y la Guardia Costera fueron obligados a operar sin recibir la remuneración correspondiente, motivo por el cual se registraron retrasos en el servicio aeroportuario, dada la oleada de renuncias y de solicitudes de licencia.
Pues, limitados en sus recursos, muchos resolvieron ausentarse de sus funciones como solución temporal para evitar gastos en gasolina y cuestiones domésticas, como el abono de las guarderías. En consecuencia, las tasas de ausentismo se dispararon del 2% al 10%.
Esta semana, el presidente alzó la voz para condenar el contundente posicionamiento de los demócratas que impulsó la paralización de los servicios esenciales. «Estos lunáticos están siendo totalmente irracionales en sus exigencias de la izquierda radical», espetó.
Y, sin titubeos, aprovechó las circunstancias para hacer un llamamiento a castigar en las urnas al partido, al que acusó de arremeter contra las garantías de seguridad que el Estado debe otorgar a sus ciudadanos. «Son totalmente responsables y deben pagar un alto precio, por el bien de nuestro país, en las elecciones de medio término», instó a los votantes.
Mientras tanto, tras la estruendosa caída de Kristi Noem y su traslado al proyecto Escudo de las Américas, la postulación de Markwayne Mullin, candidato del oficialismo, avanza en el Senado, pese a la resistencia de la oposición.
Trump denuncia el perjuicio a los ciudadanos
Para alimentar la narrativa que defiende la campaña antimigratoria del Departamento y condena el abandono de sus trabajadores, desde el organismo ofrecieron cifras contundentes que reflejarían el desfalco económico que representa para el país la obstaculización de sus servicios.
Según detallaron, «el cierre del Departamento de Seguridad Nacional por parte de los demócratas ya le ha costado a nuestra economía US$2500 millones». La millonaria pérdida, que podría incrementarse ante la prolongación del conflicto, fue calculada teniendo en cuenta la pérdida de salarios y la cancelación de vuelos.
Simultáneamente, la Casa Blanca también denunció la desprotección de los ciudadanos ante la falta de efectivos de seguridad disponibles para vigilar todo el territorio. «Los demócratas intentan OTRA VEZ revertir los triunfos históricos de la administración Trump, poner en peligro a los agentes, desmantelar la seguridad fronteriza y priorizar a los inmigrantes ilegales violentos sobre los estadounidenses», reclamaron.
Banco de alimentos para los trabajadores
Este viernes, el gobierno informó la apertura de un banco de alimentos en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, al que podrán acudir los agentes de la TSA y de la CBP que no pudieron cobrar su sueldo, para cubrir sus necesidades básicas.
«El Departamento de Seguridad no debería haber llegado a esto. Los demócratas tienen que pagar a nuestros trabajadores y poner fin a este cierre», defendieron desde Washington.