El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) advierte problemas en los créditos fiscales de captura de carbono si se cambia una normativa. Mediante un análisis exhaustivo, relata cómo una modificación a la norma podría conllevar costos económicos para contribuyentes, así como disminuciones en los datos reales de reducción de contaminación ambiental.
Los créditos fiscales por captura de carbono podrían ser de difícil comprobación
Según análisis del IEEFA, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea modificar la normativa relacionada con la subvención 45Q, que se refiere a la captura, almacenamiento y uso del carbono. El dilema es que, si las reglas cambian y generan mayor flexibilidad a las empresas, algunas podrían aprovechar los créditos fiscales de forma indebida.
Es decir, su postura se basa en que las empresas pueden aprovechar esos créditos fiscales, con menor información o controles insuficientes, lo que genera gastos públicos que salen de los contribuyentes, así como menor beneficio o al menos no comprobable para el medio ambiente.
En Estados Unidos existen normas que otorgan créditos fiscales a las empresas que capturan, almacenan o reutilizan el carbono. Esto se realiza como un incentivo para reducir las emisiones, contribuir con el ambiente, al mismo tiempo que se genera un beneficio económico para la industria en cuestión.
Cuestionamientos sobre la captura de carbono y los beneficios reales
Un cambio en la normativa podría generar un gasto mayor a nivel económico, pues esos créditos fiscales son atribuidos a los ingresos públicos que se obtienen por medio de los contribuyentes. Entonces, si más empresas pueden obtener los créditos fiscales sin una comprobación minuciosa, acarrearía mayores desembolsos de dinero en el largo plazo.
Darle un costo al carbono es una forma de incentivar económicamente las reducciones de emisiones, pero si muchas empresas comienzan a usar los créditos fiscales sin un beneficio real en reducción, se estaría generando una brecha importante. De acuerdo con la norma 45Q, aquellas empresas que capturen carbono pueden reclamar US$85 en créditos fiscales por cada tonelada métrica capturada.
Sin embargo, actualmente se exige una documentación con soportes para reclamar esos créditos, que sustente el proyecto de captura, almacenamiento o uso del carbono con beneficios reales en el ambiente. Además, se mantiene un monitoreo constante para comprobar que la contención sea acorde con los estándares ambientales.
En cambio, si se elimina ese sistema y se decide evitar que esa información sea pública, la transparencia de los créditos fiscales y las cantidades capturadas de carbonos quedan en entredicho y cuestionadas. Las empresas podrían optar por seguir recibiendo los créditos fiscales, sin tener que informar de manera pública o mantener una vigilancia activa de las cantidades de carbono capturadas y almacenadas.
Preocupaciones por la transparencia y el destino de las medidas de captura de carbono
Según el IEEFA, los datos públicos en cuanto a informes de gases de efecto invernadero de la EPA son esenciales para verificar las declaraciones y conocer el destino de los créditos fiscales, así como las acciones concretas en cuanto a disminución de carbono en el aire. Esto genera transparencia, eficiencia y confianza en el sistema de los créditos fiscales, especialmente ahora que se ha ampliado el beneficio fiscal por captura de carbono.
En virtud de la norma de exención de responsabilidad ampliada, el Departamento del Tesoro propone utilizar una vía alternativa de certificación y aprobación, en lugar del sistema actual administrado por la EPA. El nuevo sistema se basaría en una nueva norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) que abarca la captura, el transporte y el almacenamiento de carbono.
Sin embargo, se señala que la norma ISO no sustituye a un documento normativo, a menos que se establezca un sistema seguro y alternativo que permita el seguimiento de los créditos fiscales por parte del público.
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