El Tesoro de los Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ampliaron el alcance del puerto seguro que permite a ciertas empresas acceder a créditos fiscales por captura de dióxido de carbono en medio de la incertidumbre regulatoria que mantiene en vilo a los estadounidenses. Y es que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) pretende implementar nuevos límites en el Programa de Reporte de Gases de Efecto Invernadero. La difusión de la medida oficial se dio este sábado 29 de octubre en el Aviso 2026-50 en el Boletín de Rentas Internas y modifica la guía anterior para dar mayor previsibilidad a los proyectos de secuestro y almacenamiento geológico de carbono en Estados Unidos.
El cambio concreto
Lo establecido como puerto seguro original ahora tendrá un cambio y ya no cubrirá solo el carbono almacenado en formaciones geológicas sin uso posterior, sino que ahora podrá abarcar al dióxido de carbono utilizado como inyectante terciario para posteriores proyectos de petróleo y gas naturales. Se trata de una técnica que inyecta dióxido de carbono en los yacimientos para extraer aún más hidrocarburos.
Como parte del cambio anunciado, la ampliación incrementa los volúmenes de carbono almacenados de forma segura, según los actuales criterios de la EPA.
Más beneficios fiscales para empresas que secuestran carbono
La ley conocida como «One Big Beautiful Bill Act», promulgada por Donald Trump el 4 de julio de 2025, establece una modificación en la manera en la que se otorgan beneficios impositivos a los encargados de capturar carbono en Estados Unidos. Según los datos oficiales, se da un beneficio impositivo de entre US$10 y US$20 por tonelada métrica de carbono almacenado.
Para que las empresas puedan acceder al beneficio, debían certificar el volumen total del carbono almacenado y contar con un reporte exigente de la EPA con informes anuales verificados por esta misma agencia a través del sistema electrónico llamado e-GGRT. Esta ventaja es llamada crédito 45Q y tuvo un gran cambio porque la EPA propuso eliminar las obligaciones para los años posteriores al 2024. Ante este reclamo, el Tesoro y el IRS decidieron extender el puerto seguro para incluir a los que servirán para la recuperación de petróleo y gas natural con la técnica anteriormente descrita.
Desde el IRS marcaron que una consulta con las autoridades de la EPA, el secretario de Energía y el secretario del Interior valió para lograr la coordinación acorde a la circunstancia y mantener así el incentivo fiscal pese a los cambios por exigencias ambientales de los últimos años.
La desregulación de la administración Trump
La desregulación ambiental y las políticas alrededor del carbono aumentaron en la segunda presidencia de Trump y las medidas remiten a una agenda que va hacia este rumbo. Por ejemplo, en septiembre de 2025 la EPA eliminó las obligaciones de reporte de gases de efecto invernadero para la mayoría de las categorías de fuentes contempladas en su programa, argumentando que ya cumplían con normativas vigentes.
Mientras la incertidumbre de la continuidad regulatoria o el fin de la burocracia con informes ambientales continúa, el esquema del crédito 45Q se mantiene como una herramienta fiscal importante y se brindará todavía más incentivo por la captura y el almacenamiento de carbono, considerada una tecnología clave por el gobierno y la industria para reducir emisiones en sectores de difícil descarbonización en Estados Unidos.
Aquí entra el IRS con su papel de intermediario para no girar el timón hacia una desregulación absoluta ni hacia una exigencia de reporte ambiental total que pueda trabar el acceso a empresas que se verían beneficiadas a nivel económico y energético, como sucede desde hace varios años y que es proyectado para otros tantos más.
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