La justicia estadounidense presentó cargos contra dos empresarios mexicanos acusados de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos millonarios. Ya coincidiendo con el Departamento de Justicia, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61, ambos residentes en Texas.
Acusaciones formales: a lo que apuntan las investigaciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 11 de agosto que los acusados, junto con otros cómplices, “presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, según declaró el fiscal adjunto interino Matthew R. Galeotti.
Las investigaciones señalan que los pagos se hicieron en efectivo y también en forma de artículos de lujo, como productos de Louis Vuitton y relojes Hublot. Bajo este aspecto, las autoridades estadounidenses (el respiro del financiamiento que trae problemas) sostienen que al menos tres funcionarios de Pemex y PEP recibieron pagos indebidos para garantizar la continuidad de contratos con empresas relacionadas con Rovirosa.
Sin embargo, la acusación incluye un cargo por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y tres violaciones sustanciales a dicha normativa, la cual prohíbe que ciudadanos o residentes de Estados Unidos participen en actos de corrupción en el extranjero. Los sobornos, estimados en 150,000 dólares, habrían asegurado contratos valuados en al menos 2.5 millones de dólares para empresas vinculadas a Rovirosa.
En caso de ser hallados culpables, Rovirosa y Ávila podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión por cada cargo pero desde la Casa Blanca también señalaron que Rovirosa habría tenido vínculos con miembros de cárteles mexicanos, aunque no se han revelado más detalles sobre estas presuntas conexiones.
Desarrollo de la investigación y detenciones a dos empresarios mexicanos
Rovirosa fue arrestado recientemente en Estados Unidos, mientras que Ávila permanece prófugo, las autoridades norteamericanas solicitaron colaboración para su localización, aunque no han precisado si existe una orden internacional de captura.
Asimismo, el caso se enmarca en los esfuerzos de Washington por aplicar de forma estricta la FCPA, utilizada para combatir tanto redes de narcotráfico como esquemas de corrupción que afectan la competencia internacional.
Por otro lado, los documentos judiciales indican que los pagos ilegales se realizaron en un periodo aproximado de dos años, favoreciendo a compañías vinculadas con Rovirosa. A partir de estos sobornos habrían facilitado la adjudicación de contratos con Pemex y PEP sin cumplir con los estándares de transparencia requeridos en los procesos de licitación.
Pemex no se pronunció de manera oficial
El caso estalla en medio de una crisis financiera de Pemex, con altos niveles de endeudamiento y presión para reducir su dependencia de recursos públicos, pero de momento la petrolera mexicana no se expidió al respecto, este no es el primer caso en el que funcionarios o exfuncionarios de Pemex enfrentan acusaciones por corrupción.
Asimismo, el pasado 10 de julio, cuatro exintegrantes del Área de Salvaguardia Estratégica fueron condenados a 31 años de prisión por delitos relacionados con irregularidades en la empresa estatal. Se trata de Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, Emilio Cosgaya Rodríguez, José Carlos Sánchez Echavarría y Ramón Márquez Ledesma.
En ese mismo proceso, Oziel Aldana Portugal recibió una condena de 12 años de prisión. Estos casos reforzaron la percepción de que las prácticas ilícitas persisten dentro de la estructura de Pemex, afectando su reputación y operaciones.
Lo cierto es que, habrían entregado dinero y artículos de lujo a empleados de Pemex y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021. En ese sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo impulsó a un fondo de contención (el riesgo que afronta el plan de Pemex) para que la petrolera logre autosuficiencia y reduzca su impacto financiero en la Hacienda pública.
