El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) subraya que los impactos del cambio climático, que eran considerados una simple cuestión medioambiental, han pasado a ser un tipo de riesgo con carácter fiscal y macroeconómico a nivel mundial. Además, los cada vez más extremos fenómenos meteorológicos, que van desde destructivas inundaciones hasta sequías extraordinarias y tormentas severas, están destruyendo la infraestructura productiva y drenan drásticamente los déficits en los países que ya tienen presupuestos muy ajustados. En este contexto, el reto de muchos gobiernos es averiguar cómo financiar la adaptación lo más rápido y en la gran medida que la crisis necesita.
Bonos soberanos y financiamiento vinculado a desempeño climático
Uno de los cambios de mayor importancia en el área de financiamiento climático es la incorporación de instrumentos de deuda que premien a los países por cumplir con sus objetivos de mitigación o adaptación, con fórmulas de bonos que no están tradicionalmente ligadas a una obra de infraestructura, sino que interrelacionan el resultado climático global de todo un país y el costo de su capital en los mercados globales. Si un Estado alcanza o supera los objetivos de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los costos de los préstamos se reducen, en el caso contrario ocurriría un aumento de las tasas de interés.
Uruguay se ha transformado en el líder indiscutido de la implementación de este novedoso tipo de solución, pues en 2022 emitió un bono soberano tarifado con tipos de interés más bajos si el país logra superar sus objetivos de intensidad de emisiones y conservación de bosques, que protegen millones de acres de ecosistemas nativos.
La gestión previa del riesgo y la prevención frente a los desastres naturales
Con los crecientes efectos que produce el calentamiento global, los países son cada vez más conscientes de que esperar a que se produzcan los golpes meteorológicos ya no es la solución; el financiamiento tiene que estar asegurado y estructurado de manera anticipada. En Jamaica, una estrategia de financiamiento del riesgo por desastres estructurada en capas capacitó al gobierno para hacer frente al huracán Melissa, un ciclón tropical con vientos destructivos de más de 150 millas por hora. Con un bono, líneas de crédito contingentes y financiamiento del riesgo soberano preestructurado, se movilizaron inmediatamente fondos para la intervención de emergencia con el fin de mitigar los daños que se vieron calculados entre US$8000 y US$15 000 millones, lo que equivale a casi una cuarta parte del PIB de dicha isla caribeña.
Esta propuesta de trabajar así ilustra un cambio de mentalidad mucho más amplio: si no hay financiamiento preestructurado, los daños físicos pueden arruinar los presupuestos nacionales y las recuperaciones pueden demorarse años. En esta línea, el Servicio de Seguro y Financiamiento de Riesgos del PNUD trabaja con distintas naciones para desarrollar sistemas de microseguros para hogares y agricultores.
Reformar las instituciones para catalizar la inversión de alto nivel
En numerosos países en desarrollo, la principal traba para acceder a financiación climática no es tanto la falta de ideas o de ambición, sino la ausencia de sistemas institucionales que permitan el flujo de capital a gran escala. Estos cambios incluyen la imprescindible reforma de las rígidas normas de gestión de las finanzas públicas, la modernización de los antecedentes normativos y el desarrollo de una capacidad técnica que permita evaluar adecuadamente el riesgo climático.
La descoordinación de políticas, instituciones estatales y sistemas financieros ha resultado ser un obstáculo estructural que impide la aplicación de estrategias de adaptación y la fabricación de infraestructuras capaces de soportar tormentas que pueden llegar a alcanzar 2 o más pulgadas por hora. Ruanda pone de manifiesto un ejemplo muy convincente de cómo superar esta burocracia mediante reformas estructurales.
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