La Oficina de Inspección General de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA OIG) publicó un nuevo podcast a cargo de la auditora supervisora de la oficina, Claire McWilliams, donde se abordaron los pedidos de mayor control que la OIG elevó a la EPA tras revisar varios programas ambientales. A su vez, detectaron que las demoras podrían ser causantes de los principales riesgos para la protección del ambiente y la salud pública.
Los avances y más detalles
En parte del programa «EPA Descubierto», McWilliams brindó un balance de lo correspondiente al año fiscal 2026. En concreto, señaló que, entre enero y el 31 de marzo, se identificaron 83 recomendaciones sin resolver. Por otra parte, del 31 de marzo al 31 de mayo, el número bajó a 77 y solo 6 recomendaciones quedaron resueltas en ese período.
La experta mostró preocupación al respecto de este número y señaló que la OIG solo marca recomendaciones que superan los tres años de tiempo sin resolver, siendo estas 77 las que permanecen sin intervención efectiva de la EPA. Entrando en detalle, la auditora dijo que 38 de ellas tienen más de tres años pendientes, cuando se solicitó revisión formal de 27 de ellas (el 71 % de los casos).
Datos negativos desde la EPA
La auditoría de la OIG reveló 77 recomendaciones sin resolver aún abiertas a la fecha del 31 de mayo, lo que se traduce en US$265,2 millones en potenciales ahorros para la agencia federal. Las demoras, los gastos considerados innecesarios y los US$33,3 millones comprometidos en recomendaciones estancadas desde hace más de tres años son algunos de los puntos que se tocaron por McWilliams en su podcast.
Al respecto, se destacan otras 15 recomendaciones de alta prioridad, según la categoría de la EPA, que elevarían aún más el ahorro: US$328 millones en beneficios monetarios potenciales. A la vez, lo económico no es el único factor: la representante señaló que más de la mitad de las recomendaciones impactan en la salud humana y ambiental en el día a día.
Para adentrarse en cómo funcionan las recomendaciones elevadas a la EPA, McWilliams explicó que la OIG emite un informe elaborado por sus expertos y estos avisos quedan abiertos hasta que la EPA lleva las acciones correctivas establecidas. Este proceso sigue un procedimiento más detallado, que comienza con las resoluciones de la EPA en conjunto con la OIG y después pasa por una verificación de la ejecución para cambiar la categoría a «cerrada».
Respecto a la manera de trabajar de su oficina, aclaró que la agencia cuenta con un sistema de seguimiento de recomendaciones que la OIG revisa mensualmente para observar qué acciones correctivas para el ambiente y los ciudadanos se cumplieron o, en el peor de los casos, cuáles requieren una extensión del plazo de incumplimiento. Con este monitoreo, remarca que es importante generar una conversación fluida con el administrador de la EPA, Lee Zeldin, tanto como con el Congreso sobre el estado de las aún abiertas.
El cuidado ambiental
McWilliams también destacó que las recomendaciones son de gran ayuda, no solo por lo económico, sino por la eficiencia gubernamental. Según ella, llevar las propuestas de la OIG a la realidad trae mejoras de procesos, mayor efectividad de los programas, mayor precisión en los reportes y una actualización de guías y lineamientos constantes.
Para motivar a seguir con esta clase de acciones ambientales en todo Estados Unidos, recientemente la cuenta de EPA OIG publicó: «Cada año, preparamos un compendio de recomendaciones abiertas que identifican las recomendaciones que la EPA aún no ha implementado. Aunque la EPA cerró 6 recomendaciones entre el 31 de marzo y el 31 de mayo, las 77 restantes representan US$265,2 millones en posibles ahorros de costos».
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