La EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) está trabajando en una propuesta que cambiaría radicalmente los procedimientos de autorización de los trámites de permisos de contaminación del aire para los centros de datos y las plantas generadoras de electricidad a gas que los alimentan. La administración Trump intenta eliminar la responsabilidad que tiene el gobierno federal para que los estados hagan visibles estas solicitudes de permisos y habilitar una instancia de comentarios públicos sobre dichas solicitudes antes de emitir dictámenes de aprobación. La propuesta no es casualidad y llega en un buen contexto de creciente rechazo social a los megaproyectos de contaminación asociados a la fiebre por la inteligencia artificial y podría dejar a comunidades enteras sin información de las construcciones que alteran significativamente sus entornos.
Qué introduce la nueva propuesta
Históricamente, los permisos para contaminar el aire debían ser catalogados y reportados a la EPA, un entramado que habilitaba a los ciudadanos a saber el daño que hacía un proyecto y a poner sus objeciones antes de que el mismo tuviera luz verde. Este mecanismo funcionaba como una manera de ejercicio democrático: vecinos, ONGs ambientales y gobiernos locales podían revisar las pruebas técnicas y hacer valer sus preocupaciones en un expediente público.
La propuesta de la EPA elimina ese mecanismo para una categoría concreta de proyectos: los centros de datos y las nuevas plantas de generación a gas que se construyen para alimentarlos. En la práctica, los estados dejarían de estar obligados a avisar a la población ni a recibir comentarios sobre estas solicitudes de permisos. Es decir, que una empresa podría continuar con la construcción de un centro de datos (una infraestructura que puede ocupar cientos de acres y requerir su propia planta de energía) sin que los residentes cercanos tengan una ventana formal para refutar sus emisiones, antes de que se dé luz verde a dicho proyecto.
La reacción de estados y organizaciones
El anuncio provocó una oposición inmediata y masiva. Casi 200 organizaciones que defienden el medioambiente y las comunidades junto a más de una docena de estados han formulado de manera formal su oposición al cambio propuesto, constituyéndolo como uno de los frentes más activos en el debate nacional sobre la expansión de los centros de datos relacionados con la inteligencia artificial.
Entre las voces que se oponen se puede encontrar la de Keri Powell, abogada senior de una organización de derecho ambiental, quien subrayó que las comunidades tendrían que tener la ocasión de pronunciarse antes de que la maquinaria de la construcción empiece a funcionar. Esa frase desnuda la esencia de la denuncia: no solo hay que ver si los proyectos finalmente se aprueban, sino si las personas afectadas pueden tener voz en el proceso antes de que las decisiones se tornen irreversibles.
La situación de la expansión de centros de datos
No se producen debates sin un contexto. El crecimiento de centros de datos de gran envergadura, como el que se concreta en el proyecto de Meta AI en fase de edificación en el noreste de El Paso, a escasos metros de colonias residenciales, ya estaba propiciando fricciones locales antes de lo que es la propuesta en cuestión. Exigen un consumo elevado de electricidad y agua, y en muchas situaciones una nueva central térmica a gas para garantizar el suministro, lo que repercute en un incremento de su huella de emisiones.
Para estados y organizaciones que se oponen, eliminar la revisión pública significa no solo eliminar la transparencia, sino que además acelera los plazos de aprobación en un sector que crece a pasos agigantados debido a la demanda de servicios de inteligencia artificial. La preocupación subyacente es que, sin ese control ciudadano, los efectos sobre el medioambiente queden ocultos hasta que la construcción ya haya comenzado.
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