Les dijeron que se fueran de Estados Unidos, pero ahora el gobierno quiere localizarlos en sus países para cobrarles multas que quedaron pendientes.
Aunque algunos migrantes fueron deportados y otros abandonaron el país, el gobierno de EE. UU. busca recuperar multas que se acumularon mientras permanecieron en territorio estadounidense después de recibir una orden de expulsión.
Para hacerlo, la CBP quiere contratar empresas privadas que localicen sus nuevos domicilios y recopilen pruebas para confirmar dónde viven.
¿Hasta dónde puede llegar un país para cobrar a quienes ya están fuera de su territorio?
Cómo una multa migratoria puede perseguir a quienes ya abandonaron Estados Unidos
Este problema comenzó con una norma de 1996.
La regla establece que, si una persona permanece en Estados Unidos después de recibir una orden de expulsión, el gobierno puede imponerle una multa de hasta casi US$1000 por cada día que no se vaya.
Con el tiempo, esa deuda puede crecer hasta convertirse en una fortuna, llegando en algunos casos a alrededor de US$1,8 millones.
La administración de Donald Trump recuperó el uso de estas multas durante su primer mandato y ahora el gobierno busca cobrarlas incluso cuando algunas de las personas sancionadas ya se encuentran fuera del país.
Para avanzar con esos cobros, la CBP prepara un programa de hasta US$9 millones durante dos años para localizar a personas en el extranjero y entregarles las correspondientes notificaciones.
El gobierno sostiene que está intentando cobrar sanciones impuestas por incumplimientos anteriores. Sin embargo, abogados de inmigración cuestionan unas deudas que, por su tamaño, pueden resultar prácticamente imposibles de pagar.
También han advertido sobre los cargos administrativos que pueden sumarse durante el proceso de cobro.
Ahora, el gobierno quiere recurrir a empresas privadas para buscar registros, localizar a estas personas en otros países y confirmar dónde viven actualmente.
Investigadores privados encontrarían domicilios, reunirían pruebas y entregarían personalmente las facturas
Aquí no hablamos de simples cartas o llamadas telefónicas a miles de kilómetros de distancia.
Las empresas privadas que consigan el contrato podrán utilizar bases de datos comerciales y observación física para localizar personas en países como México, Guatemala y Honduras.
Entre las pruebas contempladas para confirmar un domicilio aparecen fotografías de las viviendas y documentos como registros laborales, facturas de servicios públicos o registros judiciales del país donde se encuentre la persona.
De acuerdo con el U.S. Customs and Border Protection, una vez confirmado el domicilio, el personal deberá entregar en mano un folleto oficial en inglés y español con información sobre la deuda reclamada.
Los contratistas no recibirán dinero dependiendo de cuánto consiga recuperar finalmente el gobierno.
El pago será por cada persona localizada y notificada. Además, habrá bonificaciones si entregan la información dentro de determinados plazos de 7, 14 o 28 días.
Esto crea un sistema en el que encontrar rápidamente a una persona puede tener un valor económico para la empresa contratada.
Por qué extender la cobranza fuera del país abre dudas sobre privacidad, soberanía y eficacia
La iniciativa plantea varias preguntas legales, éticas y operativas.
En primer lugar, están las dudas sobre la privacidad de los datos y la actuación de investigadores privados estadounidenses en otros países.
Los documentos conocidos hasta ahora no dejan claro cómo obtendrán determinados registros personales extranjeros ni qué nivel de colaboración tendrán con los gobiernos locales.
Además, los materiales recopilados durante las investigaciones pasarán a manos del gobierno estadounidense, que conservará amplios derechos sobre esa información.
Por otro lado, expertos legales cuestionan hasta qué punto será efectivo el programa.
Muchas de las personas deportadas pueden no tener recursos suficientes ni cuentas bancarias en Estados Unidos para afrontar deudas que, en algunos casos, alcanzan cientos de miles de dólares.
También existe otra cuestión.
Como los pagos pueden ser realizados por terceros, especialistas citados por las investigaciones periodísticas advierten que familiares que permanecen en Estados Unidos podrían terminar sintiendo presión para ayudar a pagar las multas.
Por ahora, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta.
El gobierno está dispuesto a destinar hasta US$9 millones durante dos años a localizar y notificar a personas que ya se encuentran fuera de Estados Unidos.
La incógnita es si desplegar investigadores privados en otros países realmente permitirá recuperar esas enormes deudas o terminará abriendo un nuevo conflicto sobre privacidad, jurisdicción y los límites de la política migratoria estadounidense.
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