Un reciente informe compartido por la reconocida organización ambiental Food & Water Watch advierte sobre las consecuencias de la postura del Gobierno federal respecto a los permisos para proyectos renovables en la costa este del país. Para este sector, impedir el desarrollo de estas iniciativas no hace más que retrasar el progreso de las energías limpias en el país, además de representar grandes pérdidas para la economía local y para los inversores.
Tensión por el retraso del tratamiento de la reforma de permisos
Las tensiones entre las organizaciones defensoras de la energía renovable y el Gobierno federal por las demoras en el tratamiento de la reforma de permisos se intensificaron en este último tiempo. Entidades como la Asociación de Industrias Solares (SEIA) y Food & Watch Water hicieron público su malestar mediante numerosas cartas abiertas, en las que advierten sobre las consecuencias económicas y energéticas por las decisiones de Donald Trump.
En su más reciente comunicado, la SEIA advirtió que los retrasos en el tratamiento de la Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo Estadounidense, que está en manos del Senado desde el pasado 30 de septiembre sin ningún tipo de novedades, generan pérdidas de más de US$82,1 mil millones para las familias estadounidenses. Además, pone en riesgo un total de US$121 mil millones en inversiones.
Por otro lado, los sectores afines a la energía renovable destacan el riesgo energético que la postura restrictiva del Gobierno federal representa para la red local. Según explicaron, tanto la energía solar como la eólica y los sistemas de almacenamiento no hacen más que reforzar la red eléctrica nacional, garantizando seguridad frente a la creciente demanda. Para estas organizaciones, evitar el desarrollo de proyectos incluso pone en riesgo la agenda de dominación que intenta impulsar Trump.
Nuevas acusaciones contra el Gobierno federal
A través de su cuenta oficial de X, Food & Water Watch acusa a Donald Trump de encontrar una nueva forma de atacar proyectos renovables, aliándose con grupos opositores a la energía eólica para revocar permisos ya concedidos. Según explicaron, la costa este es un escenario donde el Gobierno federal inició con este tipo de acciones.
Su objetivo más reciente es New England Wind, un proyecto de 2 GW en Massachusetts, el cual ya contaba con la aprobación del Gobierno. No obstante, el pasado martes el Departamento de Justicia solicitó la devolución del permiso de construcción clave, argumentando irregularidades respecto al cumplimiento de la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior. Asimismo, la obra quedó paralizada hasta nuevo aviso.
Pero no es el único caso registrado en la región. Dos semanas atrás, la administración también solicitó la reconsideración de los permisos de Revolution Wind, un parque eólico de 704 MW que ya produce energía frente a las costas, y pidió también revisar las concesiones otorgadas a Maryland Offshore Wind, una iniciativa de 1,7 GW. Se trata de un proceso iniciado por el grupo ACK for Whales, que ya ha demandado a diferentes empresas y sus parques eólicos.
Esta organización sin fines de lucro, que se proclama en contra de los proyectos renovables por sus presuntos daños ecológicos en la fauna local, recibió el apoyo del Gobierno para revocar los permisos otorgados y poner freno al desarrollo de obras en toda la región. Para Food & Water Watch, esto representa un grave retroceso para la energía limpia en Estados Unidos.
Una postura marcada
El artículo de Canary Media compartido por la organización advierte que la obsesión de Trump contra la energía eólica marina data de hace tiempo. Desde el inicio de este segundo mandato, el ejecutivo no hizo más que sovacar esta industria con una agenda que incluye el retraso de la reforma de permisos, la paralización de obras, la eliminación de créditos fiscales o incluso el pago a empresas para que abandonen las concesiones.
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