El Departamento de Justicia del estado de California anunció que tiene intención de avanzar en una demanda contra el gobierno federal, luego de que el Departamento del Interior, a cargo de Doug Burgum, cancelara contratos con la empresa Golden State Wind, dedicada al desarrollo de la energía eólica marina.
La decisión del DOI
La semana pasada, el organismo confirmó la rescisión de contratos con la firma Golden State Wind (GSW), como una maniobra más para frenar el avance de la industria de las energías renovables y promover las inversiones en el sector de los hidrocarburos.
Desde su asunción, el presidente Trump dejó en claro que no confía en la capacidad de las fuentes sustentables para proveer un suministro constante y seguro a las áreas productivas. Y, pese a la crisis que desencadenó el bloqueo del estrecho de Ormuz en el mercado internacional, ratificó las ventajas del petróleo y del gas.
Asimismo, es importante recordar que el líder republicano no adhiere a la causa ambientalista que impulsa los desarrollos en materia de energía solar y eólica, por lo que su desinterés encuentra también un sustento ideológico. En contraste, el crudo y sus derivados, la energía nuclear y la geotermia son pilares básicos de su agenda energética.
En este escenario, el gobierno tomó recientemente la decisión de prescindir de la colaboración con GSW, con el ofrecimiento de US$120 000 000 para que la corporación concrete su retiro sin mayores dificultades burocráticas, y bajo el compromiso de reinvertir el fondo en iniciativas fósiles.
El DOI argumentó que los arrendamientos de proyectos eólicos marinos que planeaban llevarse a cabo frente a la Costa Central de California, aprobados por la gestión de Joe Biden, eran «inviables», además de alegar «preocupaciones de seguridad nacional», sin ahondar en mayores detalles.
«Al cancelar estos arrendamientos y promover inversiones que se alejen de las fuentes de energía intermitentes y se dirijan hacia soluciones convencionales, estos acuerdos fomentan mutuos beneficios», explicaron. Cabe destacar que el mismo patrón de negociación fue empleado para acordar el retiro de TotalEnergies y Bluepoint Wind.
Rob Bonta avanza contra la Casa Blanca
Como principal afectado por la decisión de Burgum, el gobierno de California confirmó que tomará acciones legales para penalizar el procedimiento «ilegal» de la administración, alegando que se trata de un «acuerdo corrupto» y que la autoridad estatal fue excluida de las discusiones.
«De permitirse que la compra del contrato de arrendamiento siga adelante, amenaza con retrasar durante años el floreciente sector eólico marino de California», expresa el documento del Departamento de Justicia. Su responsable, Rob Bonta, está a cargo de las gestiones y busca defender la industria de la energía limpia y los beneficios económicos que derrama en el territorio local.
Según describió, «miles de empleos de alta calidad y más de 100 millones de dólares en inversiones públicas en la industria eólica marina» fueron arriesgados por el interés de fomentar el negocio millonario del petróleo.
«En un momento en que el país necesita un suministro de energía más fiable y sostenible, la administración está ocupada utilizando el dinero de los contribuyentes para realizar adquisiciones secretas», denunció el funcionario, además de advertir que «California no se quedará de brazos cruzados».
El impacto financiero de la energía eólica marina en California
Las autoridades involucradas en el reclamo se refirieron al «plan estratégico de energía eólica marina», que persigue la ambiciosa meta de que, hacia el 2045, California genere 25 gigavatios de este suministro para abastecer a «aproximadamente 25 000 000 de hogares» y cubrir «alrededor del 13% del suministro eléctrico del estado» a partir de fuentes renovables.
«California invirtió más de US$100 000 000 para preparar sus puertos, sistemas de transmisión e industrias para la generación de energía eólica marina, inversiones que podrían perderse si Trump logra detener los desarrollos», manifestaron con preocupación.