La defensa de la soberanía alimentaria ha pasado a ser una ya indispensable cuestión de seguridad nacional para la actual administración de los Estados Unidos. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, reafirmó la lealtad de la administración con los sectores productivos del campo ya la fortaleza nacional depende de la capacidad de la nación para alimentarse a sí misma. Para la administración, el sector agropecuario ha sufrido una crisis de costes sin precedentes que pone en peligro la viabilidad de miles de explotaciones familiares. En este contexto, el Departamento de Agricultura (USDA) lanzó una ofensiva regulatoria y económica.
El fin de la explosión de costos en la agricultura
La secretaria Rollins criticó duramente la herencia recibida de la anterior gestión. De acuerdo con el discurso defendido por la funcionaria los productores observaron cómo costosos insumos básicos (fertilizantes, semillas, cultivos y maquinaria pesada) habían subido en ese intervalo de tiempo hasta un 30% y un 40%.
Atendiendo a esta afirmación, aseguró que los márgenes de benéficos de muchos trabajadores de la agricultura se habían estrechado hasta el punto de poner en riesgo su subsistencia. En consecuencia, aparecieron los grandes riesgos para una industria básica para el funcionamiento de una América rural.
Para revertir este panorama, la gestión de Donald Trump se ha propuesto desmantelar lo que emplean el término «reglas ambientales insensatas» para calificarlo de tal modo que servían sólo para encarecer la producción nacional. El plan del USDA esboza el desmantelamiento de lo que considera un inmenso armario de burocracia para que las empresas estadounidenses puedan fabricar maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras) de una forma más rápida y económica. El cálculo de los asesores se basa en el intento de que la disminución de costes de producción industrial pueda trasladarse de manera directa sobre el precio que paga el productor rural de América, recuperando, por lo tanto, su rentabilidad y su competitividad en el mercado internacional.
El retorno del derecho a reparar y la autonomía técnica
Uno de los aspectos más aclamados por las organizaciones agrarias y que la secretaria Rollins enfatizó de forma contundente es la vuelta al «derecho a reparar» (Right to Repair). Porque los campesinos llevan años siendo obligados por las limitaciones contractuales y tecnológicas a no tener la facultad de arreglar sus propios tractores y las máquinas más sofisticadas. Debían recurrir, por tanto, a los costosos servicios técnicos oficiales, y muchas veces fuera de sus campos de actividad. «Incluso se les prohibió arreglar sus propios tractores», llegó a denunciar Rollins.
Esta política agraria acaba con estas barreras, devolviendo de nuevo la autonomía técnica al campesinado. Permitiendo, entonces, que el propietario de la máquina tenga acceso a los manuales, herramientas, códigos de diagnóstico para hacer reparaciones, buscándose de este modo esquivar los largos parones durante los períodos críticos de siembra y cosecha.
Esta acción, junto a la simplificación de los procesos comerciales, es bien conocida por «cortar la burocracia que asfixia a la América rural», y devolver la proactividad a quienes realizan las operaciones de manera diaria.
Soberanía alimentaria: Una cuestión de supervivencia nacional
Más allá de las cifras de mercado y las modificaciones de las reglas del juego, la secretaria de agricultura encuadró la intervención en una narrativa nacionalista de supervivencia. Para la Administración actual, permitir que la producción de alimentos se desplace al exterior constituye una pregunta existencial que amenaza la libertad de los ciudadanos estadounidenses.
La secretaria advirtió que si el país prosigue en el proceso de perder a sus agricultores y ganaderos en detrimento de las importaciones a gran escala, se pierde no tan solo una industria, sino que se pierde el sentido mismo de la nación. El mensaje emitido desde la Casa Blanca es que los productores rurales no son ya una «consideración secundaria» en la política de Washington.