El senador por Arkansas y presidente del Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado liderará el debate por las modificaciones a la Ley Agrícola 2.0. John Boozman espera obtener respaldo bipartidista para impulsar el avance del proyecto, de camino a su aprobación en la Cámara Alta.
Boozman impulsa la actualización de la legislación agrícola
Según la normativa, la Farm Bill o Ley Agrícola debe ser sometida a actualizaciones cada 5 años, para garantizar la cobertura legislativa de las demandas emergentes en materia de política agrícola, alimentaria y de desarrollo rural. Sin embargo, hasta la actualidad rigió la normativa aprobada en 2018, gracias a la implementación de prórrogas.
En este escenario, productores agrícolas y dirigentes políticos que representan a las regiones rurales, como John Boozman, exigen la modernización de las cláusulas, en provecho del vencimiento de la última prórroga, que caduca en septiembre, y ante la urgencia de responder a los fenómenos macroeconómicos y climáticos que azotan al sector.
«Este es un esfuerzo de buena fe para responder a las inquietudes de los estados mediante mejoras significativas, incluidas estas actualizaciones a la política nutricional (…) El jueves tenemos una oportunidad real de impulsar un proyecto de ley bipartidista que brinde certezas a los agricultores, ganaderos y productores», declaró Boozman previo a la reunión de negociación.
Lo que se sabe del proyecto
Según trascendió, la propuesta, que será discutida este jueves a las 9.30 h, incluye 3 medidas fundamentales orientadas a ampliar los recursos financieros disponibles para los productores del sector y promover el uso de biocombustibles, que son:
- La autorización extendida para la venta anual de gasolina E15 (mezcla con 15 % de etanol);
- La ampliación de los límites de crédito agrícolas y la apertura de un fondo de asistencia financiera para emergencias y desastres que pongan en riesgo los cultivos;
- La prórroga de un año para que los estados modernicen sistemas y reduzcan tasas de errores antes de asumir el reparto de costos administrativos del programa SNAP.
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