En un nuevo enfrentamiento discursivo entre el fiscal general de California, Rob Bonta, y Donald Trump, el primero envió un duro mensaje al denunciar que los intentos del presidente de acabar con la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento implican una serie de ataques directos a la Constitución de Estados Unidos. La publicación fue difundida desde la cuenta oficial del fiscal general, donde califica las acciones de Trump como «ilegales, antiamericanas y antidemocráticas». Además, reafirmó que su equipo «continuará luchando por los valores democráticos, la Constitución y el estado de derecho». Te lo contamos.
Los planes de Trump con respecto a la ciudadanía por nacimiento
El 20 de enero de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a eliminar la ciudadanía por nacimiento, buscando que los hijos de personas de visita o indocumentadas no adquieran el estatus de ciudadanos estadounidenses por nacer dentro de las fronteras del país. De acuerdo con los argumentos de la administración Trump, es necesario redefinir quiénes son «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos en el momento del nacimiento.
Sin embargo, distintos tribunales de distrito y de apelaciones ya han señalado a través de fallos que el intento de Trump es inconstitucional, y que la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14 se ha consolidado a través de fallos precedentes como el caso Estados Unidos vs Wong Kim Ark (1898), que estableció que todos los que nacen en territorio estadounidense son ciudadanos del país.
Rob Bonta encabeza una colisión de estados en contra de Trump
La respuesta desde California, a través del fiscal general del estado, encabeza de una de las coaliciones de estados más grandes que haya demandado a la administración de Donald Trump para bloquear la orden ejecutiva. En conjunto con el fiscal de Nueva Jersey y el de Massachusetts, junto con 18 estados y la ciudad de San Francisco, la demanda sostiene que la medida viola la enmienda 14 de la Constitución; contradice la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA) y que significaría un daño irreparable a cientos de miles de niños nacidos cada año en Estados Unidos.
El fiscal general se presentó en espacios de debate donde anunció que la estrategia conjunta de la coalición se centra en procedimientos acelerados que buscan generar órdenes de restricción que frenen la implementación del decreto; litigios planteados ante el Tribunal Supremo para solicitar que se mantenga la interpretación de la enmienda 14; y monitoreo de impactos en la población, a través del Departamento de Justicia de California, para rastrear el daño potencial que la medida podría generar en familias indocumentadas, mixtas o de estatus temporal.
Además, un juez federal de Massachusetts emitió una medida cautelar que prohíbe que la orden entre en vigor, reforzada por los tribunales de apelaciones, llevando el caso hacia el Tribunal Supremo, donde la administración Trump insiste redefinir la cláusula de ciudadanía mediante decreto presidencial.
El mensaje de Rob Bonta en redes sociales, de todos modos, va más allá del aspecto legal, y califica a la iniciativa de una medida «ilegal, antiamericana y antidemocrática». En distintas declaraciones públicas, el fiscal general de California ha asegurado que permitir que el presidente reescriba la Constitución mediante un decreto abre la puerta a otros ataques similares a derechos fundamentales en los Estados Unidos. Para Bonta, además, la ciudadanía por nacimiento representa un pilar de la democracia estadounidense.
En la parte final de su mensaje, Rob Bonta señala que desde su función pública seguirá «luchando por nuestros valores estadounidenses, nuestra democracia, nuestra Constitución y el estado de derecho», llevando adelante una batalla legal contra las medidas de la administración Trump en perjuicio de la mayoría de los migrantes en EE. UU.