La firma del Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania (DEP) tuvo el lugar con la formalización de la firma de un nuevo pacto en términos de consentimiento por la cual Shell Chemicals Appalachia, LLC acepta su rendimiento por encima de los niveles totales de los límites de emisión de contaminantes del aire. Este acuerdo legal vinculado, celebrado a principios de septiembre del año 2026, cierra las infracciones a la calidad del aire y otras violaciones que se han encontrado en la planta petroquímica de Beaver County y que comenzaron en 2023 y finalizaron en agosto del presente año. Debido a estas violaciones reiteradas, la empresa de energías ha acordado pagar US$15 millones en concepto de multas y ha empezado los trabajos de los mecanismos en la mejora de la estructura inmediata de su instalación.
Distribución financiera de las multas y fondos comunitarios
El acuerdo establece que se procederá a la división de la sanción de US$15 000 000 en dos partidas grandes, destinadas a compensar el daño ambiental. La primera partida constituirá una pena civil por una cantidad de US$7 500 000 y en virtud de las normativas estatales sobre la pena civil, el 25 % de esta sanción será de obligado cumplimiento y será destinado al municipio de Potter Township (municipio donde se encuentra ubicado el complejo industrial).
Los US$7,5 millones restantes tienen la consideración de engrosar la bolsa del segundo fondo ambiental y del fondo comunitario del Condado de Beaver, logrando así un total de inversión directa en la zona de US$9,3 millones. El nuevo fondo comenzará con una bolsa de US$1 000 000 lista para otorgar subvenciones inmediatas en los ámbitos de salud, seguridad pública y pequeñas empresas de la zona, y los restantes US$6 500 000 constituyen un fideicomiso con recursos seguros y a largo plazo.
Historial de infracciones desde el inicio de sus operaciones
La sectorial petroquímica remonta su larga trayectoria acumulada de sanciones sobre pasos más allá de los límites de emisiones permitidos. En mayo de 2023, la compañía ya había firmado un acuerdo que trataba de una deuda por una sanción ascendente a los US$10 millones, de la cual se debía destinar US$5 millones a la primera instancia del fondo de mitigación comunitaria, con el que se pretendían financiar instalaciones de energía solar y mejoras de los parques. Aprovechando esta trayectoria, en febrero de 2024, por nuevas infracciones que se habían identificado hacia finales del año anterior, se abonaron otras sanciones por valor de US$2,67 millones.
La compañía no solo ha tenido problemas de naturaleza regulatoria debido a las emisiones al aire de la planta. En noviembre de 2024, la división Shell Falcon Pipeline pagó US$300 000 por no impugnar las acusaciones penales por violaciones de la Ley de Corrientes Limpias durante la construcción de un gasoducto de líquidos, que se suma a la multa civil de US$670 000 en un caso por incumplimientos documentales durante la fase de obras 2019-2020.
Exigencias de operación y control gubernamental
Más allá de las reparaciones económicas, también existe un acuerdo legal en el que la compañía acepta proveer planes completos para no demorar la mejora en su sistema de antorchas elevadas y las actualizaciones necesarias para su planta de tratamiento de aguas residuales. Las reformas de operación son obligatorias, porque se deben hacer para evitar que haya emisiones excesivas en el futuro y asegurar que la infraestructura opere bajo el nivel de emisiones permitido por la administración ambiental.
Para mantener el control estricto, la compañía seguirá enviando mensualmente una serie de informes de emisiones al DEP, los mismos que serán publicados en la página web de la agencia para garantizar la transparencia al público. La secretaria del DEP, Jessica Shirley, recalcó que la administración estatal dará seguimiento para tener responsabilidad directa de cualquier instalación que comprometa el recurso hídrico puro y el aire puro.
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