El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció oficialmente que un tribunal federal de dicho estado pone un nuevo freno a la administración Trump y bloquea la exigencia de entrega de información personal de millones de solicitantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP. Siendo uno de los tantos estados que demanda contra el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, California se suma a Kansas y otros en condiciones similares.
Pronunciamientos varios
Gavin Newsom, el gobernador de California, se mostró en varias ocasiones en contra del acceso a los datos y, en el primer intento, también bloqueado por la justicia, celebró la noticia. Por su parte, Rob Bonta dejó detalles acerca de esta segunda avanzada en el tribunal y expresó: «Hemos obtenido una segunda orden que bloquea las demandas de la administración Trump de proporcionar los datos personales de los beneficiarios de SNAP. Una y otra vez, el presidente ha violado la ley, y una y otra vez lo hemos detenido».
En simultáneo, Laura Kelly, la gobernadora de Kansas, expresó que la USDA no compartirá la información personal de los beneficiarios, incluidos sus números completos de Seguro Social, ni con el gobierno federal ni con gobiernos extranjeros.
Vuelco judicial contra Trump
Desde California se confirmó que los tribunales dieron la razón a los estados respecto a la negativa a entregar los datos personales de millones de personas que reciben cupones de alimentos del programa SNAP, el plan federal más grande de Estados Unidos y que favorece a las familias con menos ingresos gracias a una tarjeta para la compra en supermercados.
Según los datos, 42 millones de personas en todos los estados cuentan con el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. Entre ellas hay 16 millones de niños, 4 millones de personas con discapacidad y 8 millones de adultos mayores. Desde la Casa Blanca, Donald Trump y el Departamento de Agricultura solicitaron una base de datos con la información personal de todos los beneficiarios y solicitantes del SNAP con su seguro social, nombre completo, fechas de nacimiento e información del grupo familiar.
Ante la negativa de varios estados, la justicia actuó y, en este caso, otorgó la razón a California. Rob Bonta publicó el fallo en nombre del Departamento de Justicia del Estado de California, donde explicitan: «El presidente no ha ocultado su deseo de construir una base de datos de vigilancia masiva usando información personal y privada de los estadounidenses».
Más adelante, acusando el uso de la información confidencial como un arma para la presión y la persecución, desde California sumaron: «Seguiremos resistiendo el intento del gobierno federal de instrumentalizar la asistencia alimentaria para atacar a los vulnerables». Además, explicaron que el Tribunal del Distrito determinó que la exigencia era probablemente ilegal. En la misma línea, se explicó que dos tribunales federales llegaron a la misma conclusión.
Esto llega junto con la ampliación de los requisitos para el acceso al plan. Entre los más destacados, que serán aplicados desde el 1 de marzo del 2026, destaca la obligación de los adultos de hasta 64 años sin discapacidad de trabajar o capacitarse al menos 80 horas al mes para ser parte del programa.
La advertencia desde Washington
Sin respuesta oficial tras el fallo judicial que bloquea el pedido de información de los beneficiarios del SNAP, la presión a los estados llevó a Trump a recurrir a advertencias de desfinanciamiento en caso de no cumplir con la entrega de los datos. De este modo, el programa y sus fondos administrativos provenientes del gobierno federal corren riesgo de no ser enviados. En este sentido, desde el gobierno estatal de California señalaron: «Nos vimos forzados a elegir entre proteger la privacidad de los residentes y brindar asistencia nutricional crítica a quienes más la necesitan».