Se trata de uno de los programas de exención fiscal más costosos del estado de Texas y que significará, en los próximos dos años, una pérdida para las arcas estatales de alrededor de 3200 millones de dólares.
Alivio fiscal millonario para los centros de datos
A partir de la instalación y crecimiento constante de la industria de la inteligencia artificial, se empezaron a instalar centros de datos para su soporte en distintas partes de los Estados Unidos, principalmente en aquellos estados y territorios donde es más fácil generar las condiciones para su funcionamiento y mantenimiento. Al mismo tiempo, se han impulsado leyes y disposiciones para facilitar su proliferación o instalación en ciertas partes del país.
En este sentido, desde la oficina del contralor informaron que el estado de Texas perderá cerca de 3200 millones de dólares en ingresos impositivos sobre las ventas durante los próximos dos años, debido a la implementación de una muy generosa exención fiscal para la floreciente industria de los centros de datos del estado.
Si bien es probable que la cifra sea una subestimación enorme, debido al crecimiento exponencial que vivió este rubro y las nuevas instalaciones que se están desarrollando, esta disposición fiscal se ha transformado en uno de los programas de incentivos más costosos del estado y podría convertirse en el más caro de su tipo en todo el país.
«Estas cifras son sumamente preocupantes y diría que son insostenibles», señaló la senadora estatal por el Partido Republicano Jona Huffman, presidenta del Comité de Finanzas del Senado, y aseguró que pronto presentará «un proyecto de ley para derogar la exención o, al menos, analizarla detenidamente».
Replantear una ley de más de una década
Cabe recordar que la ley de exención fiscal fue aprobada por la legislatura texana hace ya más de una década, cuando los centros de datos eran mucho más pequeños y su mantenimiento requería de menos recursos. Entre los años 2014 y 2022, las exenciones en el sector implicó una pérdida de ingresos para las arcas estatales texanas de entre 5 y 30 millones de dólares anuales.
Ya para el 2023, esta cifra despegó hasta alcanzar los US$150 millones y, para este año, se estima que Texas se privará de percibir al menos US$1300 millones, una cifra que, según las estimaciones, alcanzará los 1750 millones de dólares para el 2030.
Para tener una dimensión más clara de lo que esto significa, el dinero que el Estado perderá este año por esta disposición fiscal podría financiar por completo el nuevo programa estatal de viajes escolares, o duplicar el fondo estatal para desastres que se utiliza para asistir a las comunidades locales como el condado de Kerr a prevenir inundaciones y otros desastres naturales.
Crece la disconformidad en la población
Por su parte, los principales referentes de la industria de los centros de datos han advertido que cualquier cambio que implique una reducción o la total eliminación de los beneficios fiscales podría generar un cambio radical en la condición de Texas como el estado pionero en la materia y el destino más elegido para el desarrollo de centros de datos de todo el país, lo que podría conllevar una importante pérdida de puestos de trabajo y capital en inversiones locales.
No obstante, la sociedad civil está empezando a responder negativamente, y en ciudades como San Marcos, Amarillo, College Station, Waco y Harlingen los ciudadanos han empezado a organizarse en movimientos que presionan a sus legisladores para que impidan que avancen los proyectos vinculados a centros de datos. Según una encuesta realizada por la consultora Quinnipiac, el 65% de los estadounidenses se oponen a la construcción de un centro de datos en las periferias de su comunidad.