La presión sobre los recursos naturales de América Latina está aumentando sobre algunas hectáreas, muchas veces impulsada por intereses extranjeros como China, pero lejos del discurso ambientalista, decisiones políticas locales que favorecen proyectos extractivos en zonas de alto valor ecológico. Sin embargo, estas medidas ya se sienten en comunidades vulnerables siendo que lo que parece progreso, a menudo encubre devastación ambiental.
Un nuevo mapa de ambición minera de China: esto es en el sur del continente
En el sur del continente, los conflictos entre desarrollo económico y protección ambiental crecieron, si se tiene en cuenta hay gobiernos autoritarios promueven reformas legales que transforman territorios protegidos en zonas “aprovechables” pero esta narrativa del “uso racional” oculta impactos irreversibles sobre ecosistemas frágiles y sobre los pueblos que los habitan.
Bajo este aspecto, las políticas públicas empezaron a desmantelar sistemas de consulta previa y regulaciones ambientales (el plan de conquista global de China va por todo). En algunas naciones, se redujeron el papel de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la toma de decisiones sobre sus tierras pero el resultado es una expansión sin precedentes de la frontera extractiva, marcada por la opacidad.
Lo que sucede es que estos cambios no se limitan a decisiones administrativas pero en ciertos casos, se aprobaron leyes de forma exprés para facilitar megaproyectos. Es aquí donde entra en escena una potencia extranjera, cuya presencia económica comienza a redibujar las reglas de soberanía, territorio y sustentabilidad en una región históricamente golpeada por la desigualdad.
Nicaragua: tiene ciertas concesiones en hectáreas protegidas
Lo más importante a tener en cuenta es que en abril de 2025, el régimen de Daniel Ortega otorgó en solo una semana tres concesiones mineras a cielo abierto a la empresa china Thomas Metal S.A. En este caso, estas concesiones suman 108.464 hectáreas y se ubican en el departamento de Río San Juan.
Lo cierto es que, en áreas que incluyen la Reserva Biológica Indio Maíz, el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan y el Territorio Indígena Rama y Kriol pero según la ONG Fundación del Río, estos permisos violan la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas. Además, se otorgaron sin estudios ambientales independientes ni consultas libres, previas e informadas con las comunidades afectadas.
“Vamos a ver un aumento acelerado de la destrucción porque el régimen define ese territorio para el aprovechamiento económico y ahí vienen concesiones mineras, forestales y actividades que van a poner en riesgo los últimos reductos de bosque del país”, advirtió Amaru Ruiz, presidente de la organización.
La expansión minera no solo afecta al ecosistema sino que deja fronteras vulneradas
Este cambio institucional fue posible tras la aprobación exprés de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, que elimina protecciones previas. La norma fue aprobada en menos de dos horas por la Asamblea Nacional, entonces días después, un decreto presidencial eliminó la consulta pública ambiental. Nicaragua transformó, en semanas, su política de conservación.
Cabe señalar que las comunidades indígenas denuncian desplazamientos, amenazas e invasión de colonos en sus territorios ancestrales, por eso en defensor miskitu relata: «El Estado va a una comunidad, invita a personas allegadas del partido, los lleva a un lugar, los hace firmar y levantar la mano».
Asimismo, las organizaciones alertan que el gobierno podría reformar las leyes que garantizan autonomía indígena, con el objetivo de habilitar el uso económico de territorios que hasta hoy son de difícil acceso. En la actualidad, el 23 % del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, muchas de ellas chinas, lo que pone en entredicho el control ambiental y social.
Según Fundación del Río, la ubicación de las nuevas concesiones coincide con territorios reconocidos por la Ley 445 de Propiedad Comunal, pero que no fueron consultados (China esta construyendo algo importante). En Nicaragua viven al menos 24 pueblos indígenas y afrodescendientes, muchos concentrados en las regiones autónomas del Caribe, que representan el 43 % del territorio nacional.
