La candidata por el Partido Demócrata para suceder a su correligionaria como máxima autoridad del estado de Nuevo México, Deb Haaland, anticipó que, de salir elegida en el proceso electoral, se sumará y acompañará las iniciativas impulsadas por otros gobernadores estatales en contra de las derogaciones realizadas por la administración Trump, vinculadas a la regulación de las emisiones de gases tóxicos en el aire.
Haaland empieza a posicionarse
Si bien en las elecciones de medio término el objetivo principal es consolidar una mayor fuerza política dentro del Senado y la Cámara de Representantes de cara a la segunda mitad de un mandato, también hay varios estados que deben renovar sus autoridades ejecutivas.
En Nuevo México, uno de los territorios donde se juegan los cargos ejecutivos en las midterms de noviembre, la candidata por el Partido Demócrata, Deb Haaland, ya comenzó con sus actividades de campaña y dejó entrever su posicionamiento en un tema particularmente sensible para la vida cotidiana de los ciudadanos.
En la jornada del sábado, la dirigente demócrata realizó una publicación en su cuenta oficial de X en la que aseguró que «Donald Trump está retrocediendo en los estándares de emisión y exponiendo a nuestras comunidades a una contaminación tóxica del aire». Haaland denunció que «esto es malo para nuestra salud y el medio ambiente» y anticipó que se está preparando para «resistir los retrocesos de la administración Trump que ponen en riesgo nuestras comunidades», de ser elegida para la gobernación de Nuevo México.
Una derogación en contra del control de emisiones
Las declaraciones de la candidata demócrata en Nuevo México hacen referencia a la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de derogar una normativa ambiental establecida en 2024 que imponía límites para la emisión de agentes contaminantes como el mercurio, el arsénico, el plomo y otros metales tóxicos, en el aire, a las centrales eléctricas que utilizan carbón o petróleo, conocida como Normas sobre Mercurio y Sustancias Tóxicas en el Aire.
Esta disposición recibió su última actualización en 2024, alegando que debían reflejarse en la normativa los importantes avances en tecnologías de control de la contaminación.
El mes pasado, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anunció la derogación de esta normativa con la excusa de «garantizar energía fiable y asequible para las familias estadounidenses» y garantizando que se generaría un ahorro de alrededor de 670 millones de dólares en gastos federales relacionados con el cumplimiento de la disposición, ya que se reducirían los costes de transporte, calefacción, servicios públicos, agricultura y fabricación.
21 gobiernos estatales y locales denunciaron la derogación
La respuesta de una parte de las autoridades estatales y municipales fue directa y contundente: Una coalición de 21 gobiernos presentó una demanda en la que exigían la impugnación de la derogación, calificándola como ilegal, y afirmando que las autoridades nacionales no han proporcionado argumentos razonables ni han tenido en cuenta los avances tecnológicos.
Dicha coalición está conformada por los estados de Arizona, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y Nuevo México. Además, sumaron su apoyo las autoridades municipales del Distrito de Columbia, la ciudad de Nueva York, Chicago y el condado de Harris, en Texas.
En un comunicado oficial, el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, miembro del Partido Demócrata, declaró: «Aquí vemos una vez más a la Administración Trump actuando de forma imprudente y sin motivo alguno al revertir importantes normas sobre emisiones que ayudan a mitigar los efectos potencialmente desastrosos para la salud de los contaminantes atmosféricos tóxicos asociados a las centrales eléctricas, como el mercurio y el arsénico».