Las autoridades de Pensilvania llevan adelante un exhaustivo debate respecto a los centros de datos por las consecuencias ambientales y energéticas que conlleva su instalación. Este domingo, la Comisión de Servicios Públicos del estado compartió un artículo en el que se reconocen las implicancias negativas de estas plantas y ratifica su postura a favor del cuidado del entorno de sus ciudadanos.
Consecuencias de la creciente instalación de centros de datos
En el marco de estas discusiones, el foco está puesto en la transparencia y el consumo energético de estas instalaciones, las cuales también tendrían impacto directo en el medio ambiente y en las tarifas de agua. Es por eso que las autoridades cuestionan los acuerdos de confidencialidad, que podrían limitar la información disponible de estos proyectos y ocultar datos claves sobre las consecuencias de sus actividades.
La discusión central gira en torno a las grandes cantidades de electricidad que estas instalaciones necesitan para un funcionamiento óptimo, las que suelen obtenerse de la misma red pública. Esto genera una presión al sistema, elevando las tarifas para los residentes, una problemática que se suma al uso indiscriminado del agua y otras cuestiones ambientales como el ruido y la contaminación.
En Pensilvania, las autoridades reconocen la importancia de los centros de datos para el avance tecnológico local, pero también cuestionan el equilibrio entre ambiente y desarrollo. Es por eso que impusieron una serie de regulaciones obligatorias con requisitos específicos para la instalación de estas infraestructuras dentro del estado, una decisión que ayudaría a regular la actividad, pero no mitigaría el impacto ambiental y energético de los mismos.
Una invasión que no conoce de fronteras
La Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania reavivó el debate respecto a los centros de datos al compartir una opinión de Chris Kelly en el The Times Tribune, donde advirtió el verdadero peligro de estas infraestructuras. Para el periodista, la invasión de las empresas tecnológicas no conoce fronteras, por lo que hay que tener bien definidas las regulaciones legislativas estatales para evitar mayores consecuencias para su comunidad.
En esa línea, apoyó la postura de Joseph Farrel, director de la Junta Escolar de Valley View, en el marco del debate para ver si el distrito debía continuar con su participación en el litigio contra las centrales eléctricas que pretenden instalarse en las inmediaciones del distrito. Se trata de una discusión con muchas aristas, ya que las autoridades tienen presente el impacto negativo de estas instalaciones, pero no cuentan con dinero para seguir el proceso.
El directivo especificó que evitar las instalaciones de estas infraestructuras no resolvería el tema de raíz, ya que comunidades vecinas podrían verse obligadas a convivir con ellas. Es por eso que propone un proyecto comunitario, con herramientas, investigaciones y propuestas que permitan regular la actividad de estas plantas y, al mismo tiempo, proteger a las comunidades de sus consecuencias.
Así también remarcó la importancia de avanzar con las propuestas específicas, como el estudio de referencia sobre el ruido y el sonido ambiental que impulsa el Distrito Escolar de Mid Valley. Farrel explicó que frenar estas iniciativas deja expuesto a todo el noroeste de Pensilvania, que enfrenta grandes negligencias por parte de los promotores inmobiliarios que venden con tanta negligencia y los centros de datos que se construyen en cualquier parte.
Alerta por la llegada masiva
El artículo compartido por la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania también brinda detalles sobre los alarmantes datos respecto a la llegada masiva de los centros de datos en algunas regiones. «De los más de 90 centros propuestos en el condado de Lackawanna, 51 se ubicarían en Archbald, en un tramo de la carretera Eynon Jermyn», advirtió. Al mismo tiempo, un promotor privado planea construir una central eléctrica de 400 megavatios en la misma carretera, a 800 metros de una escuela primaria.
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