El gobernador Josh Shapiro se refirió a la veloz expansión de los centros de datos en EE. UU. y defendió la regulación estatal como herramienta clave para controlar el costo ambiental y financiero que conlleva la presencia de estas instalaciones en Pensilvania.
Shapiro pone la lupa sobre los centros de datos
De la mano de la gestión republicana y con el respaldo millonario de compañías como Amazon, Google, Microsoft, Meta y OpenAI, dispuestas a financiar el progreso de la inteligencia artificial, la industria tech estadounidense avanza a pasos agigantados.
Para dimensionar el fenómeno, la EIA vaticinó el incremento exponencial del consumo eléctrico de cara a las próximas décadas, apuntalado en los centros de datos. Según sus estimaciones, hacia 2030 los índices actuales se duplicarán por la utilización de electricidad para el procesamiento de información y el entrenamiento de modelos informáticos avanzados.
De esta manera, los efectos de la nueva ola digital no son inocuos, ya que el crecimiento de la demanda energética plantea el dilema en torno a las fuentes de abastecimiento, dada la incapacidad de la red tradicional para cubrir los megavatios necesarios.
En esta línea, surgieron alternativas como las plantas nucleares o la generación de energía a base de gas natural que despiertan dudas por el consumo hídrico y las emisiones de gases contaminantes que traen aparejadas. Y es aquí donde la discusión por la protección del medioambiente y los paisajes críticos se entrecruza con los intereses tecnocráticos.
Al respecto, líderes de todo el territorio comenzaron a diseñar y a debatir recursos legislativos para mediar entre la voracidad de las grandes corporaciones y la demanda comunitaria que exige priorizar el ecosistema. Tal es el caso de Josh Shapiro, líder de Pensilvania.
Con gigantes como Nebius marcando presencia en el área, el demócrata dio un paso fundamental en materia de regulación. En mayo, presentó la normativa GRID, que traza los lineamientos fundamentales para la incursión de las empresas de IA en el estado.
Bajo la premisa de «exigir responsabilidad a los desarrolladores de los centros de datos», Shapiro hizo gala de los principios GRID que ya están vigentes y apuntan a garantizar el compromiso de los inversores con la preservación de la comunidad y los recursos naturales.
«Si las empresas quieren el apoyo del Estado, deben comprometerse a un desarrollo responsable que tanto proteja como beneficie a la comunidad en la que se encuentran», sentenció.
Las normas GRID
El pasado 27 de mayo, la oficina del gobernador hizo público el conjunto de principios GRID o «Normas de Desarrollo de Infraestructura Responsable del Gobernador», que establece estándares para las empresas de IA que pretendan recibir apoyo de la Mancomunidad.
«Las normas GRID garantizan que los proyectos de infraestructura a gran escala se desarrollen de manera responsable, protegiendo a los contribuyentes de Pensilvania y reforzando las medidas de protección ambiental», declararon las autoridades.
Las reglas fueron redactadas con colaboración de «líderes locales, sindicatos, la industria y partes interesadas en el medio ambiente», y «describen los pasos específicos que los desarrolladores de centros de datos deben seguir para demostrar que los proyectos propuestos aportan un valor real».
Entre algunos puntos críticos, Shapiro remarcó la responsabilidad de los capitales privados de «pagar por su propia generación de energía», sin trasladar el costo del consumo a las facturas de los vecinos; comunicar «con transparencia» sus planes y «minimizar su contaminación del aire y el consumo de agua mientras protegen nuestro medio ambiente».
«He escuchado a residentes preocupados por el impacto que el desarrollo de centros de datos podría tener en sus comunidades, el medio ambiente y sus facturas de servicios públicos (…) Por eso, estoy estableciendo salvaguardias claras», afirmó.
El caso de Utah
Hacia la misma fecha, el gobierno de Utah promulgó una novedosa Orden Ejecutiva orientada a prevenir el perjuicio ambiental vinculado a la construcción de infraestructura para servidores digitales. El documento firmado por Spencer Cox blinda los ríos estatales y protege las cuencas atmosféricas de los efectos de esta actividad.