Este jueves, durante ‘La Mañanera del Pueblo’, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la situación actual de los adeudos fiscales de dos empresas, un caso que fue recurrente en la agenda pública durante y que, tras años de litigio, quedó definitivamente resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la conferencia, explicó el recorrido legal del proceso, el papel del SAT y el momento en el que iniciará formalmente el cobro.
El origen del conflicto y las resoluciones del SAT
En su alocución, Sheinbaum recordó que el origen del conflicto se remonta al período 2013-2018, cuando el Servicio de Administración Tributaria determinó adeudos del impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. La autoridad concluyó, mediante resoluciones administrativas, que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes conforme a la ley vigente.
Ante esa determinación, las compañías recurrieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque, entre 2019 y 2023, dicho órgano resolvió que los créditos fiscales determinados y confirmados por el SAT eran procedentes, respaldando la actuación de la autoridad hacendaria. En su momento, Sheinbaum debió desmentir la existencia de un acuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego.
Luego, ocurrió que las empresas llevaron el caso al Poder Judicial de la Federación debido a que los tribunales colegiados, en resoluciones emitidas durante 2024 y 2025, negaron los amparos solicitados y ratificaron la validez de los adeudos, cerrando así las instancias ordinarias de impugnación.
Hubo fallo definitivo de la Corte y cifras de adeudo
Al mismo tiempo, el último recurso fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 13 de noviembre; allí el máximo tribunal desechó las impugnaciones, confirmando de manera definitiva las resoluciones previas y dejando firme la obligación de pago.
Una vez recibida la notificación oficial a la autoridad fiscal, el SAT deberá emitir en enero de 2026 el requerimiento de pago por un monto aproximado de 51 000 000 000 de pesos, conforme al Código Fiscal de la Federación. A partir de ese momento, iniciará el plazo para el pago voluntario.
Asimismo, en la conferencia matutina, Sheinbaum se tomó el trabajo de indicar que la ley prevé esquemas para cubrir adeudo, pero que dependiendo de la modalidad y del orden de pago, los contribuyentes pueden solicitar ajustes a la baja de hasta 39%, siempre dentro del marco legal y conforme a las sentencias emitidas por los tribunales.
El cobro tiene cierto impacto institucional y la postura de Sheinbaum
Bajo lo mencionado, desde el gobierno federal sostuvieron que el procedimiento es estrictamente jurídico y administrativo. «Se notifica en enero y esperamos que se pague, así de sencillo», afirmó, al señalar que cualquier escenario distinto daría lugar a un proceso posterior previsto en la legislación fiscal.
En este caso, la presidenta mexicana hizo hincapié en que el caso ilustra el funcionamiento del Estado de derecho en materia tributaria, debido a que recordó que la Constitución establece la obligación de contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa, sin excepciones discrecionales.
Por este motivo, defendió la postura del gobierno respecto a la recaudación y la lucha contra la corrupción; allí aprovechó y destacó que en el último año se obtuvieron ingresos adicionales por alrededor de 500 000 000 000 de pesos, lo que, a su juicio, refleja un sistema más honesto y transparente.
«La mayoría de los empresarios cumple», señaló la jefa de Estado, al tiempo que no evitó recalcar que no existe condonación de impuestos y que cualquier conflicto que surge se atiende dentro de la ley. En ese contexto, afirmó que los recursos recaudados tienen un impacto económico y social directo al destinarse de forma clara a políticas públicas prioritarias, esto se da meses después de que Sheinbaum indicara que el Grupo Salinas debe «pagar sus impuestos».