Fuentes de seguridad informaron que hoy, miércoles 14 de mayo de 2025, en Chilpancingo, Guerrero, las autoridades mexicanas detuvieron a Lambertina Galeana Marín, quien fuera presidenta del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, por su presunta conexión con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014. La ex magistrada enfrenta cargos por desaparición forzada y contra la administración de justicia.
A la ex magistrada se le vincula con la eliminación de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, lugar donde sucedieron los hechos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, de acuerdo con los reportes. Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), principalmente mujeres, ejecutaron la orden de arresto contra Galeana en presencia de varios de sus familiares.
Los padres y compañeros de los estudiantes desaparecidos han señalado la presunta participación de Lambertina Galeana y la desaparición de los videos como una de sus demandas principales, razón por la cual protestan anualmente en la Ciudad Judicial de Iguala en el estado de Guerrero. Los investigadores manejan la hipótesis de que un cártel de drogas secuestró a los jóvenes con la colaboración de la policía local y la magistrada.
Caso Ayotzinapa, un ejemplo de las despariciones forzadas en México
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar la desaparición de los 43 alumnos de la escuela de Ayotzinapa, una institución reconocida por su activismo político en contra del sistema establecido. Estos jóvenes fueron atacados por policías municipales y estatales, así como por presuntos integrantes del crimen organizado que opera en Guerrero.
Desde entonces, sus familias han demandado justicia en un caso marcado por inconsistencias, relatos tergiversados e inacciones por parte del Estado. La «verdad histórica» presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que sostenía que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero, fue desmentida por peritos independientes y organizaciones de derechos humanos.
Igualmente, la comisión investigadora determinó que el Ejército tenía conocimiento de los hechos y poseía información actualizada sobre el secuestro y la desaparición de los 43 normalistas en el estado de Guerrero. Así mismo, propuso la teoría de que el ataque del cártel contra los estudiantes se debió a que, sin darse cuenta, habían abordado un autobús que transportaba drogas ocultas.
Galeana ordenó que se borraran las grabaciones argumentando que «no eran claras»
En ese sentido, Galeana eliminó los videos del Palacio de Justicia de Iguala por su supuesta falta de claridad siendo estas un elemento central en la investigación. Esta justificación ha generado incredulidad y severas críticas por parte de los familiares de las víctimas, sus abogados y organizaciones de derechos humanos, quienes sostienen que incluso imágenes poco claras podrían haber ofrecido datos importantes.
La supresión de estas grabaciones se interpreta como un impedimento intencional para esclarecer la verdad y alcanzar la justicia en este caso. Por cuanto, en virtud de la desparición completa de los 43 estudiantes, todas las pistas conseguidas pueden incidir en la reconstrucción de los eventos de esa noche, en la que los normalistas desaparecieron con vida.
Caso Ayotzinapa, en Guerrero es una deuda de AMLO
A pesar de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de resolver el caso y la creación de una comisión especial, el proceso investigativo se detuvo tras la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo. Los familiares de los estudiantes desaparecidos señalan al gobierno por presuntamente proteger al Ejército, ocultar información relevante y detener la ejecución de órdenes de arresto contra militares implicados.
Desde el 22 de septiembre del 2022, la magistrada promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra, dicha medida fue otorgada un mes después de que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fuera vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración pública el 19 de agosto de ese año.
Esta aprehensión, forma parte de las respuestas del Estado en uno de los casos más emblemáticos de desapariciones forzadas en México, con más de 10 años de investigación y habiendo presentando como implicados a diversos criminales, que luego han quedado libertad, las familias de las víctimas en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, continuan esperando como única justicia el retorno de sus hijos a los hogares.
