Por lo general, cuando escuchamos hablar de leyes nuevas, pensamos en debates políticos y papeles que van y vienen. Pero a veces, esas leyes pueden cambiar cosas concretas en la vida diaria de muchas personas. Y en esos momentos es cuando vale la pena prestar más atención. La Cámara de Diputados puso sobre la mesa una discusión que pretende avanzar con una reforma integral de la Ley General de Salud. Ese debate puede tener consecuencias directas en muchos otros países. ¿Qué aprobaron los diputados?
Un cambio que redefine el sistema de control
Cada vez que un país regula un producto que la gente usa en la calle, el impacto es visible. No solo por el contenido de la ley, sino por lo que implica. Hablamos de marcar un límite. Eso fue lo que intentó la nueva reforma sanitaria mexicana, que busca reforzar el control sobre sustancias, productos y dispositivos que pueden afectar la salud. Productos que muchas veces habían quedado en un área gris.
La lógica detrás del cambio apunta a un fenómeno que creció sin que la regulación lo acompañara. Se trata de la aparición masiva de dispositivos electrónicos de consumo rápido. Estos fueron promocionados como «menos dañinos». Frente a esa narrativa, los legisladores pusieron el foco en la evidencia científica y en su impacto en niños y adolescentes.
La decisión de prohibir los vapeadores
El tema que encendió la mecha de la oposición y que cambia las reglas del juego para millones de usuarios es la prohibición total de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. La reforma establece un veto absoluto para la venta, producción, comercialización, importación y publicidad de estos dispositivos. El argumento de Pedro Zenteno, de Morena, fue directo. Se trata de proteger a la niñez y la juventud de productos que, bajo una apariencia inofensiva y diseños atractivos, lograron explotar los vacíos legales para enganchar a nuevas generaciones. Según la postura oficial, estos aparatos no son una alternativa segura, sino un riesgo que puede igualar o superar al tabaco tradicional.
El texto original sugería penas de cárcel que encendieron las alarmas sobre una posible criminalización de los usuarios. Ante el revuelo, el bloque mayoritario tuvo que salir a aclarar que el objetivo no es perseguir al ciudadano que fuma o «vapea» en su casa. La intención es castigar a la cadena de lucro. Las penas planteadas son severas. Van de uno a ocho años de prisión y multas que pueden llegar a los 226 mil pesos, pero, insisten desde Morena, estas irán dirigidas estrictamente a quienes vendan, distribuyan o lucren con estos productos.
Una reforma que toca temas clave del sistema sanitario
Aunque toda la atención se la llevó la prohibición, el dictamen aprobado es mucho más grande. Incluye reformas en más de 150 artículos y toca trece temas distintos. Entre ellos, la compra consolidada de medicamentos, la regulación de insumos sanitarios, el fortalecimiento de Cofepris, la planificación de infraestructura, la digitalización en salud y nuevos criterios para clasificar sustancias controladas.
También incorpora medidas para aprovechar el plasma residual, modernizar el control de residuos, reforzar auditorías y mejorar la trazabilidad del dinero destinado al sistema sanitario. Nada de eso pasó desapercibido para los legisladores de oposición, que criticaron la falta de discusión y acusaron al oficialismo de avanzar sin consenso en un paquete extremadamente grande y complejo.
Por ahora, lo aprobado marca una dirección clara. La idea principal es frenar la comercialización, cerrar vacíos normativos y proteger a menores de edad. Pero también deja abierta una conversación que recién empieza. Hay que empezar a pensar sobre cómo equilibrar salud pública y la libertad individual. También es necesario pensar estrategias realistas para reducir daños en un mercado que ya existe.