En el Congreso de la Ciudad de México, hubo una sesión intensa, con posiciones encontradas y momentos de tensión, que volvió a poner sobre la mesa un tema sensible: la transparencia y el acceso a la información pública. Esto deja en claro que Morena y sus aliados defendieron la necesidad de un rediseño institucional, mientras la oposición habló de retrocesos, lo que deja un resultado que ya estaba encaminado.
Un rediseño institucional con cambios constitucionales del Congreso
En esta oportunidad, el Congreso capitalino aprobó un dictamen que modifica algunos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, con el objetivo de ajustar el modelo de transparencia y protección de datos personales al nuevo diseño institucional derivado de reformas federales.
Asimismo, la iniciativa fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, junto con legisladores del PAN; también la Cámara de Diputados aprobó la prohibición de vapeadores, dejando en claro que el dictamen contempla adicionar el numeral 5 del apartado E del artículo 7, derogar disposiciones de los artículos 46 y 49, así como reformar el numeral 2 del artículo 63.
Hay que tener en cuenta que estos cambios buscan reorganizar las atribuciones relacionadas con el acceso a la información y la rendición de cuentas dentro de la administración pública local, pero en este caso, ya con 45 votos a favor, el pleno avaló la reforma que elimina al INFO CDMX como organismo autónomo y traslada sus funciones a un órgano desconcentrado sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General.
Posturas a favor de eficiencia, austeridad y continuidad
Al presentar el dictamen, el diputado Victor Hugo Romo de Vivar Guerra (MORENA) recordó que el 4 de diciembre de 2024 el Senado de la República emitió la declaración de aprobación de la reforma en materia de simplificación orgánica, lo que obligó a armonizar la legislación local.
Bajo este aspecto, Romo señaló que el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México fue responsable de esta materia durante 19 años, pero sostuvo que el nuevo modelo permitirá «ordenar, simplificar, fortalecer al gobierno y sus instituciones», sin eliminar derechos fundamentales.
Cabe mencionar que «la transparencia y la protección de datos siguen garantizadas como derechos plenos», aunque ahora se integrarán a una estructura administrativa distinta de lo que venía sucediendo. Según explicó, el objetivo es reducir oficinas, burocracia y costos, bajo el principio de austeridad republicana y un uso más eficiente del dinero público.
Hubo críticas, protestas y un pleno dividido para tomar decisiones
Desde la oposición, las reacciones fueron inmediatas porque la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN) se pronunció en contra y anunció la toma de la tribuna al considerar que se rompe un acuerdo previo para que el órgano de transparencia fuera tripartita.
«No vamos a permitir que se violente el derecho a la transparencia de la ciudadanía», advirtió, para que luego los legisladores del PRI y el PAN abandonaran el pleno como señal de protesta y anunciaran que tampoco participarán en la discusión del Paquete Presupuestal 2026; la sesión incluso registró empujones y jalones en la tribuna, captados por cámaras de medios de comunicación.
Desde Morena y el PT, las críticas apuntaron a la oposición, siendo que el diputado Ernesto Villarreal Cantú (PT) acusó que la derecha «defiende la transparencia solo cuando está en la oposición», recordando prácticas pasadas para reservar información cuando gobernaban, pero ahora desde el oficialismo indican que se trata de una reestructuración para ganar eficiencia sin afectar derechos; la oposición advierte sobre concentración de control, dejando en evidencia el tema de la transparencia en la Ciudad de México. En otro momento también la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Aguas con 328 votos a favor.