El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas medidas contra miembros del crimen organizado vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las acciones buscan frenar operaciones ilícitas que van desde el robo de combustible hasta fraudes en el sector turístico, frente a las redes criminales transnacionales que afectan tanto a México como a la economía estadounidense.
Las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU a CJNG
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, incluyó a personas y empresas en su lista de Nacionales Especialmente Designados, lo que implica la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para ciudadanos o empresas de EE.UU de realizar transacciones con ellos pero las sanciones forman parte de la estrategia para debilitar la infraestructura financiera del CJNG, considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México.
En el pasado, la OFAC dirigió acciones similares contra integrantes de esta organización, pero en esta ocasión las medidas se extienden al ámbito del huachicol y los fraudes turísticos (Guardia Nacional desarticula redes de huachicoleo). Según la dependencia, las actividades ilícitas no solo generan ganancias millonarias para el cártel, sino que también afectan a consumidores y empresas legítimas en ambos países.
El comunicado oficial explica que las medidas se enmarcan en la estrategia de Estados Unidos para “proteger a sus ciudadanos y desmantelar las actividades ilícitas y dañinas de los cárteles”. Los sancionados son Michael Ibarra Díaz Jr., Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, además de la red corporativa Ibarra, identificada como pieza clave en operaciones de fraude y robo de combustible.
Fraudes de tiempo compartido y su alcance millonario
De acuerdo con las autoridades, Michael Ibarra Díaz Jr. es un empresario del sector turístico que, bajo la apariencia de un negocio legítimo, habría liderado una red de fraude con tiempos compartidos. Durante más de dos décadas, operó en la venta y administración de propiedades vacacionales en Puerto Vallarta y el norte de Nayarit, una actividad que, según el Tesoro, benefició directamente al CJNG.
Bajo este aspecto, los esquemas fraudulentos funcionaban a través de centros de llamadas atendidos por teleoperadores con dominio del inglés, quienes se hacían pasar por corredores, abogados o funcionarios gubernamentales. Sin embargo, el objetivo era convencer a las víctimas para que pagaran “cuotas” o “impuestos” por adelantado, asegurándoles beneficios inexistentes.
Según datos del FBI, entre 2019 y 2023 las pérdidas de víctimas estadounidenses por este tipo de fraude en México ascendieron a casi 300 millones de dólares. El comunicado resalta que “estos tres individuos también han formado parte de un grupo de represión del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre”.
Hay investigación: Huachicol y violencia organizada
Además del fraude turístico, las investigaciones vinculan a los sancionados con el robo y tráfico ilegal de combustible, conocido en México como huachicol lo que se marca como una fuente importante de ingresos para el CJNG y ha contribuido a fortalecer su capacidad logística y armamentística.
Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro son identificados como miembros de alto rango del cártel. En ese sentido, las autoridades señalan que, además de sus actividades financieras, han tenido un papel activo en la violencia organizada contra rivales y figuras políticas.
La designación de la OFAC representa la quinta ocasión en que Estados Unidos impone sanciones relacionadas con el fraude de tiempo compartido del CJNG, tras acciones similares realizadas el 2 de marzo (se evalúan sanciones para funcionarios), 27 de abril y 30 de noviembre de 2023, así como el 16 de julio de 2024 pero hasta la fecha, más de 70 personas y entidades han sido incluidas en esta lista.
