Los resultados de una elección judicial sin precedentes, publicados este martes, revelaron que una ex abogada del narcotraficante mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán ha sido elegida para encabezar un juzgado penal en una ciudad mexicana cercana a la frontera con Estados Unidos. Esta elección de jueces en México, que se llevó a cabo el 1 de junio con una muy baja participación, es la primera de su tipo en el mundo.
Designación de Silvia Delgado, genera más señalamientos sobre la elección judicial
Sin embargo, ha generado dudas sobre la independencia del sistema judicial frente a la influencia de los partidos políticos y el crimen organizado. Para un juzgado en el estado de Chihuahua, se postuló como candidata Silvia Delgado, quien formó parte de la defensa del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, antes de su extradición a Estados Unidos en 2017, donde actualmente cumple una condena de cadena perpetua.
En la tarde del martes, el Instituto Electoral local finalizó el conteo de votos. Los resultados revelaron que Delgado se posicionó en el segundo lugar entre las aspirantes femeninas. Por lo que ella podría convertirse en uno de los cinco integrantes que liderarán un juzgado penal en el estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, una localidad que comparte frontera con la ciudad estadounidense de El Paso, Texas.
Organizaciones civiles, jueces y legisladores mexicanos expresaron gran preocupación por la votación del 1 de junio
Esta elección podría comprometer seriamente el estado de derecho en el país. La iniciativa de reforma judicial, que fue impulsada por el expresidente López Obrador y respaldada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, tenía como objetivo, según sus promotores, erradicar la corrupción en el sistema judicial mexicano, considerado viciado, y empoderar a la ciudadanía para que decidiera directamente la elección de sus jueces.
A solo un poco más de una semana de las elecciones, la organización mexicana Defensorxs reportó haber encontrado cerca de veinte candidatos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o lazos previos con cárteles, enfrentando asi controversias significativas, incluyendo la inhabilitación de Leopoldo Chávez como candidato a juez federal debido a una condena por narcotráfico en EE. UU.
En paralelo, Francisco Hernández busca un puesto como magistrado penal en Jalisco a pesar de haber sido destituido previamente por acusaciones de abuso sexual y corrupción. En Nuevo León, Fernando Escamilla aspira a ser juez federal penal, argumentando que su asesoría legal a miembros del cártel de Los Zetas debería considerarse una ventaja y no un impedimento.
La reforma, que fue aprobada en septiembre de 2024, generó controversia
Un estudio realizado por el Observatorio Electoral Judicial (OEJ), una coalición de organizaciones sin ánimo de lucro, ha identificado que más de 130 candidatos tienen una alta probabilidad de ganar debido a la falta de oposición. Además, el OEJ ha criticado el diseño de las complicadas boletas electorales, las cuales contenían cientos de nombres que podrían confundir a los votantes.
En ese momento, Ken Salazar, el entonces embajador de Estados Unidos bajo la administración del presidente Joe Biden, la calificó como una amenaza para la democracia mexicana. Los críticos de la reforma señalan que esta, una de las más ambiciosas en el hemisferio occidental en años recientes, podría eliminar los contrapesos al partido Morena. Además, advierten que permitiría a los grupos del crimen organizado una mayor influencia sobre el sistema judicial.
Meza mencionó que su organización ha revisado la lista de candidatos y ha encontrado otros nombres problemáticos que aún no se han hecho públicos. Señaló que, aparentemente, los aspirantes a jueces no fueron investigados para verificar condenas en el extranjero o a quiénes representaron legalmente. Atribuyó gran parte de estos problemas a la premura con la que se llevó a cabo la elección.
