Dentro de una votación que dejó en claro el peso de la mayoría oficialista, el Senado de la República aprobó esta semana una reforma que se cambia de raíz la estructura de la Guardia Nacional, pero con 75 votos a favor y 34 en contra, se dio luz verde a un nuevo paquete legal que formaliza su integración total a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Bajo este aspecto, al hacerse esto se convierte a la corporación en una Fuerza Armada Permanente, dotada de facultades que antes correspondía sólo a instituciones civiles siendo que el proyecto fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió la medida como parte de su estrategia de seguridad 2024-2030.
Lo importante es que, desde ahora la Guardia Nacional operará bajo mando directo del alto rango militar, dejando atrás la promesa de mantener un híbrido con dirección civil, pero así es como la reforma modifica ocho leyes existentes y crea una nueva, añadiendo funciones de inteligencia operaciones encubiertas y vigilancia sin supervisión judicial.
La oposición mantiene las advertencias sobre derechos civiles
Esta decisión se tomó debido a un debate extenso en el Pleno, en donde voces de la oposición apuntaron contra la idea del Gobierno, así senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) apuntando que se trata de un “un lugar de no retorno” que institucionaliza la vigilancia masiva.
El senador del PRI Néstor Camarillo advirtió desde tribuna que esta reforma habilita la intervención de comunicaciones privadas y la geolocalización en tiempo real, sin necesidad de orden judicial. A su juicio, esto convierte la seguridad pública en una herramienta de control político y social.
El coordinador de MC, Clemente Castañeda, recordó que la Suprema Corte ya había insistido que se trataba de una medida inconstitucional por algunas facultades ahora restituidas, como las operaciones encubiertas sin control civil. En el caso de MC, la reforma debilita a las policías locales y consolida un modelo de vigilancia que vulnera derechos humanos.
Los senadores de Morena defendieron la decisión con ciertos argumentos
La legisladora oficialista Simey Olvera sostuvo que la ley armoniza las disposiciones con la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024 pero hizo hincapié en que la presidencia ostenta el mando supremo, lo que garantiza la conducción civil.
La funcionaria del PT, Liz Sánchez, indicó que esta reforma otorga certeza laboral, elimina figuras discriminatorias y fortalece la capacidad de despliegue en zonas con alta inseguridad, argumentando además que la GN podrá fabricar y adquirir su propio equipamiento, indicando autonomía operativa.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, ex priista, apoyó la iniciativa al considerar que era necesario dar marco legal a una corporación ya contemplada como fuerza de seguridad militar en la Constitución. Según explicó, el objetivo es consolidar su estructura sin dejar a los elementos en un vacío jurídico.
El punto más polémico son los militares en la política
Este aspecto fue muy discutido y se trata de: la autorización para que militares activos puedan postularse a cargos de elección popular, previa licencia al cargo, lo que representa para la oposición una puerta abierta que rompe con la neutralidad histórica de las Fuerzas Armadas.
En lo que respecta al PAN, los senadores como Enrique Vargas del Villar en donde mencionaron que la militarización no resolverá la crisis de seguridad, y luego procedió a mostrar videos de promesas pasadas de Morena, donde comprometían a retirar el Ejército de las calles y lamentó que no hoy ocurre lo contrario.
A pesar de las críticas, la mayoría de Morena defendió que la Guardia Nacional mantiene un respaldo popular cercano al 64% de aprobación. Con este argumento, aseguraron que la reforma responde a la demanda de mayor seguridad en comunidades con altos índices de violencia.
