La FGR emitió un comunicado a través de sus redes oficiales y su página web en el que responden a las acusaciones de presuntos sesgos más allá del marco jurídico, en el marco de la causa que investiga a María Amparo Casar, acusada del delito de «uso ilícito de atribuciones y facultades».
Caso abierto y en proceso
Hace instantes, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que mantiene activo un proceso de investigación contra la presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, quien fue señalada como responsable del delito de uso ilícito de atribuciones a partir del cobro de una pensión vitalicia a Petróleos Mexicanos (Pemex).
A través de un comunicado difundido por sus redes sociales oficiales y la página web de la FGR, la entidad federal no solo confirmó que la investigación continúa en proceso, sino que también salió a aclarar y responder a una serie de acusaciones sobre supuestas parcialidades por parte de los investigadores, que van más allá de lo estrictamente judicial.
«Sobre la información que trascendió sobre una investigación en contra de la presidenta de una asociación civil, la @FGRMexico precisa que el Ministerio Público Fiscal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho«, explica el ente federal a través de su cuenta oficial de la red social X, a lo que agregó la aclaración de que la carpeta «fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente».
El mensaje de la FGR concluye asegurando que la institución «trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas. Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna».
El origen de la causa contra Amparo Casar
La investigación sobre la figura de María Amparo Casar comenzó como resultado de la indagatoria sobre César Marques Padilla, esposo de Amparo Casar, por incidentes que ocurrieron en el año 2004. En esa época, Padilla formó parte de la administración de Pemex a partir del 1 de junio de ese año y murió el 7 de octubre siguiente tras caer desde el piso 12 del edificio A de la sede principal de Pemex. En su momento, los investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) calificaron el incidente como un caso de suicidio.
Semanas después, ingresó la solicitud del pago de pensión post mortem y, desde enero del 2005, María Amparo Casar fue la beneficiaria de la prestación. No obstante, en 2024, Pemex suspendió el pago de la pensión e inició un proceso de disputa controversial en los tribunales.
La FGR señala atribuciones ilícitas
Finalmente, la FGR optó por constituir una carpeta judicial contra la figura de María Amparo Casar, con el objetivo de llevarla a juicio «por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades«, debido a la acreditación de una pensión vitalicia por parte de Pemex, tras el suicidio de su esposo mientras oficiaba como funcionario de la empresa petrolera estatal.
Según la documentación oficial del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción hizo la solicitud para llevar a cabo una audiencia inicial contra Amparo Casar y otras dos personas para que sean oficialmente imputadas por defraudación al Estado, con el agravante de utilizar su posición y facultades privilegiadas, «previsto y sancionado por el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, vigente al momento de cometidos los hechos».