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Fiscalía investiga a 13 funcionarios por Omisiones en caso de Rancho Izaguirre

Por Iramaru H.
25 mayo, 2025
en México
funcionarios

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La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco está investigando a 13 funcionarios estatales, incluyendo a agentes ministeriales y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), algunos de ellos están buscando protección legal a través de amparos. Se les investiga por posibles graves omisiones o negligencia en el manejo de pruebas halladas en el Rancho Izaguirre, cuando la Guardia Nacional lo encontró el 18 de septiembre de 2018, cuando las actuaciones del Estado no se encargaron de los hechos delictivos demostrados más tarde en este predio.

Caso del 2018 sale a la luz pública en 2025

El 18 de septiembre de 2018, la Guardia Nacional de México halló el Rancho Izaguirre ubicado en Teuchitlán. Tras un tiroteo, detuvieron a 10 individuos, rescataron a dos personas secuestradas y descubrieron el cuerpo de un hombre. También encontraron bolsas con ropa y otras pertenencias, algunas de las cuales no fueron procesadas adecuadamente por los funcionarios y autoridades de policiales encargadas de dicho caso.

No fue hasta marzo de 2025, que se volvió a entrar al lugar. Esta diligencia fue liderada por el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” y se realizó tras una denuncia anónima donde se encontraron más de 200 pares de zapatos, cientos de prendas de vestir y restos humanos calcinados. Por lo que las autoridades sospecharon que el rancho funcionaba como un «centro de adiestramiento» del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Debido a las acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco inició una investigación para determinar responsabilidades

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, censuró públicamente la labor de las autoridades estatales. Resaltó diversas irregularidades en la recolección de pruebas, como la ausencia de búsqueda de huellas dactilares, la falta de identificación de las víctimas y la omisión de investigar la titularidad del rancho. Estas graves deficiencias comprometieron la integridad de la investigación desde sus inicios.

Ante estas acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco inició una investigación formal para establecer responsabilidades y determinar quiénes son los culpables de estas fallas. La vicefiscal de Concertación Social de Jalisco, Sonia Álvarez Cisneros, especificó que la investigación está únicamente a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Esto se debe a que el proceso es independiente de las operaciones habituales de la fiscalía general.

El director del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, afirmó que su institución está cooperando plenamente con la Fiscalía Anticorrupción. Están entregando toda la información solicitada para poder precisar el nivel de responsabilidad de los funcionarios implicados en las presuntas irregularidades. Esta colaboración busca esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en el proceso.

Se convocará a declarar a los funcionarios, o exfuncionarios, que estuvieron involucrados en la investigación

Entre los individuos bajo investigación se encuentra Héctor Daniel Hernández Salazar, actual coordinador de investigación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas quien solicitó un amparo para evitar una posible orden de aprehensión. El fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, indicó que los funcionarios o exfuncionarios que intervinieron en la investigación serán convocados a declarar.

Por otro lado, Roberto Alarcón, coordinador del Gabinete de Seguridad, mencionó que hasta ahora no se está investigando a ningún policía de Teuchitlán. No obstante, existe una notable ausencia del comisario de seguridad municipal desde que detuvieron al alcalde José Ascensión Murguía Santiago, lo que genera interrogantes sobre la situación interna de la corporación. Esta situación es objeto de análisis.

El 3 de mayo, José Ascensio, alcalde de Teuchitlán, fue arrestado por su presunta conexión con el grupo criminal con cargos relacionados con delincuencia organizada y desaparición forzada, en vista de ser sospechoso de  desviar fondos públicos para facilitar las operaciones del rancho, donde bajo su protección se instaló y funcionó el centro de captación y adiestramiento de CJNG durante más 4 años.

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