El Gobierno Federal de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha anunciado una estrategia integral y coordinada para combatir el contrabando de combustible y el robo de hidrocarburos, conocido comunmente como «huachicol». La presidenta Sheinbaum ha enfatizado que quienes trafiquen con combustibles enfrentarán todo el peso de la ley y que se bloquearán cuentas bancarias vinculadas a estas redes.
El robo y comercio ilegal de combustibles en México conocido como “Huachicol” ocasionan importantes pérdidas económicas al país. Esta actividad ilícita impacta negativamente a Petróleos Mexicanos (PeMex), las arcas del gobierno, los ciudadanos y las empresas, además de generar serios problemas de inseguridad y daños al medio ambiente. Combatir este delito es crucial para fortalecer la economía y el estado de derecho en el país.
Los daños causados por el contrabando de combustible «huachicol» en México
La extracción ilegal y contrabando de hidrocarburos causa pérdidas sustanciales a la compañia estatal petrolera de México, debido al volumen de combustible que se sustrae directamente de sus ductos e instalaciones, para ser negociado de manera ilícita a nivel nacional e internacional. En el primer trimestre de 2025, Pemex reportó pérdidas por 5 mil 471 millones de pesos por sustracción de combustibles.
Las tomas clandestinas dañan los ductos, generando costos de reparación y mantenimiento, además de riesgos de explosiones e incendios, lo que ocasiona que Pemex incurra en gastos adicionales para reforzar la seguridad de sus instalaciones y ductos. El combustible robado se vende ilegalmente en el mercado de contrabando a precios más bajos, generando una competencia desleal para Pemex y sus ventas formales.
Además de que el combustible sale de contrabando, la actividad delictiva en general puede contribuir a la inestabilidad del mercado y, en algunos casos, generar sobreprecios para los consumidores en las estaciones de servicio formales. Adicionalmente, dicho combustible puede ser adulterado, lo que daña los vehículos y genera costos adicionales para los consumidores.
El contrabando de combustible o «huachicol fiscal», implica la importación ilegal de combustibles sin el pago de impuestos, lo que representa una enorme pérdida de ingresos para el gobierno federal. Solo en 2024, el faltante estimado fue de 20 mil 428 millones de pesos, cifras que impactan notoriamente en los presupuestos nacionales y a su vez en la vida de los mexicanos.
Las estrategias y acciones en curso del gobierno tienen dos objetivos
Para combatir al huachicol fiscal (contrabando de combustible), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementará controles más estrictos en los puntos de entrada al país para evitar el ingreso ilegal de combustibles, aunado a un refuerzo en la supervisión de los permisos de importación y distribución de combustibles. Se ha propuesto cambiar el punto de recaudación del IEPS para inhibir el contrabando técnico.
También entrará en rigor un esfuerzo conjunto con Estados Unidos para rastrear los movimientos transfronterizos de hidrocarburos y desarticular redes criminales binacionales. Otra de las medidas consiste la implementación de una nueva plataforma de Pemex para rastrear cada litro de combustible desde su importación hasta su venta en las estaciones de servicio. Esto permitirá detectar irregularidades y desvíos en la cadena de suministro.
En la otra vertiente del problema, se encuentra el contrabando proveniente del hurto realizado directamente de las empresas encargadas, por lo que la estrategia implica una estrecha coordinación entre las dependencias del Gobierno Federal y estas empresas. Además, se conoce que para ello, habrá cambios regulatorios para exista una única institución de seguimiento y trazabilidad de los combustibles importados.
De ese modo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República, realizará detenciones basadas en investigaciones penales y datos de inteligencia. Con el fin de debilitar a las organizaciones criminales dedicadas al robo y al comercio ilegal de combustibles, se procederá a inutilizar embarcaciones, terrenos empleados para el almacenamiento clandestino y las tomas ilegales en los ductos.
